ONU: la Argentina se aseguró apoyos

Luego de los fuegos verbales de ayer, la Argentina hará el martes próximo una nueva embestida contra Gran Bretaña para reclamar por la soberanía nacional en las islas Malvinas. Será ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde el Gobierno de Cristina de Kirchner ya tiene asegurado, como desde hace varios ejercicios, un nuevo voto condenatorio contra Inglaterra por la situación de las islas. Este año habrá, sin embargo, dos valores agregados en contra del Gobierno de David Cameron. El Comité estará presidido por Chile, otrora colaborador continental de los británicos en el continente sudamericano. Además, habrá una crítica directa a la explotación de petróleo en la zona de Malvinas, con el compromiso abierto de los Estados sudamericanos y del Caribe para que ningún buque vinculado a esa actividad económica pueda tocar algún puerto de la región.

La delegación argentina será encabezada el martes 21 de junio por el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, que estará acompañado por el embajador del país ante la ONU, Jorge Argüello. Según este último, ya está asegurado que en ese comité los países latinoamericanos «han asumido una actitud de absoluta solidaridad con el reclamo argentino, en cuanto a que las resoluciones de la ONU deben ser cumplidas, no ignoradas. Debe reiniciarse el diálogo bilateral».

Por cuestiones de rotación, la presidencia de la sesión del martes estará encabezada por Chile, que ya le confirmó a la Argentina que condenará la falta de diálogo y que llamará a Inglaterra a la negociación urgente. Además, facilitará rápidamente el tratamiento de la cuestión Malvinas en el comité. Para la Argentina, la posición firme del Gobierno de Sebastián Piñera es clave. Desde el conflicto del 82, durante varios años, el país trasandino facilitó sus puertos a los buques británicos. La actitud sólo cambió con el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, pero resultaba fundamental que con el cambio político que implicaba la llegada de Piñera se mantuviera la condena chilena.

El presidente del país vecino ya había tranquilizado en esta posición a la propia Cristina de Kirchner, cuando ésta lo visitó en su asunción. Luego, mantuvo la política activa desde que llegó al Palacio de la Moneda.

El segundo logro en el comité el próximo martes será la crítica de los miembros del organismo a la intención de explotación de recursos petroleros en las islas. Los miembros sudamericanos y del Caribe no sólo sostendrán esta posición, sino que además ratificarán abiertamente que Inglaterra no podrá contar bajo ninguna alternativa los puertos de los Estados sudamericanos (incluyendo el chileno y el uruguayo), además de los caribeños. Con esto, según los expertos en energía del Gobierno argentino, la posibilidad de una rentabilidad económica sólida que permita pensar en una explotación sostenida en el tiempo se complicaría. Según la visión del Gobierno, a la empresa Rock Hopper (la que mayor apuesta hizo en la zona) no le resultaría redituable y sostenible en el tiempo la explotación petrolera sin un puerto continental cercano para destilar el crudo. En otras palabras, si Chile, Uruguay y Brasil se mantienen en esta posición, sería difícil para las empresas dedicadas a esta actividad obtener ganancias que ameriten una inversión millonaria en la región.

Para la Argentina, la actividad petrolera en las Malvinas es absolutamente ilícita, posición a la que adhieren todos los Estados de la región. Argüello recordaba ayer que «una resolución muy clara que establece que en los casos de disputa de soberanía, como Malvinas, las partes deberán abstenerse de llevar adelante acciones unilaterales mientras no se aborde la cuestión de fondo».

El del martes no será el único apoyo que obtendrá el país sobre Malvinas la semana próxima. El viernes, cuando se reúnan los presidentes del Mercosur, más los jefes de Estado de Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela en Paraguay para una nueva cumbre del bloque, habrá otro llamado a Inglaterra al diálogo. Se está negociando también que en la declaración se incluya una crítica abierta de los Estados presentes en contra de las declaraciones de Cameron de las últimas horas.