Oposición activó en Diputados el 82% en versión recargada

Más de dos horas de reunión le llevó a la oposición emitir el dictamen del 82% en la comisión. Federico Pinedo y Eduardo Amadeo se unieron en el despacho a Elisa Carrió, siempre detrás de Alfonso Prat Gay, y al radical Miguel Giubergia. El kirchnerista Gustavo Marconato denunció ilegalidad.

Retomó ayer la oposición la pelea en Diputados por el 82% en los haberes jubilatorios mínimos, después de haber tenido que reconocer el martes pasado el fracaso de la estrategia para avanzar con ese tema en el Senado. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dos dictámenes, de mayoría y minoría, ambos de la oposición, frente al kirchnerismo que una vez más intentó impugnar esos despachos.

Ayer, el oficialismo también impugnó el dictamen sobre la reforma del INDEC (ver nota aparte) en otro intento por frenar con el reglamento lo que no puede parar en todas las comisiones donde desde diciembre perdió la mayoría. Ahora la pelea pasará al recinto, pero en versión recargada con relación al proyecto de Rubén Giustiniani que no pudo votarse en el Senado por falta de quórum.

La Coalición Cívica, el PRO, el Peronismo Federal y la UCR unificaron postura ayer para firmar el despacho de mayoría, mientras que Proyecto Sur y el Socialismo presentaron uno de minoría.

Ambos sostienen la necesidad de avanzar con el 82% en los haberes previsionales, pero se diferencian en el programa de financiamiento. El dictamen de mayoría no aclara ninguna vía especial para pagar el 82%. Establece una jubilación mínima calculada sobre el salario mínimo vital y móvil, pero incorpora al mismo tiempo una medida que no estaba contemplada en el Senado: la aplicación por ley de la recomposición de haberes que la Corte Suprema consagró en el Caso Badaro.

El proyecto declara que la movilidad jubilatoria estará «atada al índice de salarios o RIPTE, de acuerdo con la Constitución nacional, que establece que los haberes son sustitutos del salario». Ayer, el radical Gerardo Morales avanzó también sobre ese tema en el Senado, donde presentó un pedido de informes a la ANSES para que den a conocer las fuentes de información que se utilizaron para el cálculo del índice de movilidad de los haberes previsionales. Alega que los «números necesarios para el cálculo de la movilidad previsional no están disponibles», mientras que Cristina de Kirchner ya anunció el incremento a los jubilados basados supuestamente en esa información. «Los datos estadísticos publicados por la ANSES en su página web abarcan hasta el primer semestre de 2009. Tampoco está disponible la serie de datos de beneficiarios del sistema, convenientemente actualizada y discriminada de la manera en que lo exige la Resolución 6/09 de la Secretaría de la Seguridad Social», explicó.

El dictamen de minoría emitido ayer lleva la firma de Claudio Lozano e incorpora dos fuentes de financiamiento para pagar el aumento: la «restitución de las contribuciones patronales de las grandes empresas en los porcentajes que se pagaban hasta 1993 y el superávit del Fondo de Garantía», según explicó el propio Lozano.

Después de dos horas de reunión, el kirchnerista Gustavo Marconato, presidente de Presupuesto y Hacienda, lanzó la amenaza: «La evaluación de esta presidencia es que el dictamen de mayoría carece de legalidad porque no se está cumpliendo con los artículos 28 y 38 de la ley de administración financiera», dijo. De todas formas, esa cuestión debe resolverse en el recinto de Diputados, donde la oposición controla el número.