Oposición apura ley de promoción

Fabiana Ríos

Con la ausencia de legisladores del oficialismo, senadores de la oposición lograron firmar ayer un dictamen de mayoría sobre promoción industrial, que extiende los beneficios impositivos a todo el país (hoy rigen sólo en algunos distritos) y que ya genera fuertes críticas desde el bloque K de la Cámara alta y desde el Gobierno de Tierra del Fuego.

En el marco de un plenario de cinco comisiones de la Cámara de Senadores, la iniciativa fue consensuada sobre la base de cinco proyectos en danza, pertenecientes a la cobista Laura Montero (Mendoza), Carlos Verna (PJ, La Pampa), Emilio Rached (UCR, Santiago del Estero), César Gioja (FpV, San Juan) y José Roldán (Frente Cívico, Corrientes).

Esta semana, el bloque del FpV del Senado criticó la avanzada por considerar que «compromete financieramente al Estado nacional» -hablaron de «un costo fiscal de hasta 11 mil millones de pesos para 2011»- y «produce un fuerte impacto sobre las provincias que hoy tienen mecanismos de promoción».

A las críticas se sumaron funcionarios fueguinos y la propia mandataria, la ex arista Fabiana Ríos, por entender que la estrategia hace peligrar el régimen de promoción que impera en la isla.

Por de pronto, la firma del dictamen tuvo lugar en un plenario de las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos; Economía Nacional e Inversión; Presupuesto y Hacienda; Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y de Justicia y Asuntos Penales.

En un intento de domar los cuestionamientos desatados desde provincias que ya se encuentran contenidas en otros regímenes de promoción económica e industrial, Montero propuso que esas instancias permanezcan vigentes y que no sean derogadas, como lo establecían algunos de los proyectos.

Por su parte, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, sugirió que «los créditos fiscales establecidos por esta ley sean mínimos» para que «se distribuyan sin perjuicio de que una provincia opte por seguir con los créditos fiscales vigentes».

En paralelo, otro punto que se discutió fue el de la autoridad de aplicación de la ley, ya que mientras algunos proyectos señalaban que debía existir un solo organismo a nivel nacional que cumpliera ese rol, algunos senadores propusieron que hubiera uno por cada provincia.

En este sentido, el senador mendocino y presidente de la UCR nacional, Ernesto Sanz, aseguró ayer que prefiere que «haya 24 autoridades» en vez de una para que «no haya arbitrariedad».

Además, y a través de la red social Twitter, remarcó que en el dictamen que pasó a la firma hoy (por ayer) quedó escrito: «Los regímenes de promoción actuales siguen vigentes. Igualdad para todos».