Oposición fuerza al Gobierno a negociar en el Congreso

Cristina de Kirchner, Raúl Alfonsín, Carlos Menem

El Congreso aún puede reservarle disgustos a Cristina de Kirchner este año. A pesar de la sensación de parálisis que recorre los dos recintos, en las comisiones de ambas Cámaras se acumulan temas conflictivos. Y uno de ellos es un nuevo vencimiento, el 24 de agosto, de todo el cuerpo de leyes que delegaron en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Congreso, de acuerdo con lo asignado en la Constitución. El listado es extenso: desde la recaudación de impuestos hasta la fijación de aranceles están en juego. Es claro que la oposición no permitirá, por ejemplo, que el Congreso reasuma funciones que hoy ejerce la AFIP, pero el Gobierno deberá negociar y ceder más este año que el pasado, cuando logró prorrogar esos poderes por un año a la espera de una revisión completa de todo ese cuerpo legal que aún no termina de realizarse.

El martes, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda comenzarán a analizar la prórroga de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que vencen el 24 de agosto de acuerdo con el proyecto que impulsa el kirchnerismo.

La negociación no será simple. La oposición ya exige que, a cambio de no complicarle el Gobierno a Cristina de Kirchner, se debata también la distribución de aportes del Tesoro nacional adeudados por la Nación a las provincias, a pesar de existir ya un anuncio del Gobierno para refinanciar las deudas provinciales con un plazo de gracia financiado precisamente con esos ATN impagos. Pero también se exigirá incluir en el temario de la comisión la demorada coparticipación del impuesto al cheque.

Dentro de la lista de facultades delegadas que Cristina de Kirchner utilizó en los últimos tiempos está la que le permitió firmar el Decreto 699 que prorrogó la promoción industrial en La Rioja. Esa decisión, que hoy enfrenta a la Casa Rosada con toda la provincia de Mendoza se tomó al amparo de una de las prórrogas de la Ley de Emergencia Pública, que le cedieron poderes al Gobierno como nunca antes se había registrado.

Interpretación

La interpretación que hizo el Gobierno de esa facultad es más que laxa. Para prorrogar la promoción se apeló al artículo 1 de la Ley 26.077 (tercera prórroga a la Ley de Emergencia Pública) donde se establece: «Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública. A tal fin, prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia de la Ley N° 25.561, y sus modificatorias».

Si bien la Ley de Emergencia Pública no está dentro del análisis de la legislación delegada, los poderes que se le otorgaron al Gobierno sí volverán a ser discutidos.

Pero el tema más conflictivo de ese paquete de delegación legislativa es el que le permite, a través de los artículos 755 y 756 del Código Aduanero manejar los derechos de exportación y entre ellos las retenciones a las ventas del agro al exterior.

Ése fue el centro de la discusión entre el kirchnerismo y la oposición el año pasado y volverá a serlo éste. Ninguno de los bloques opositores está dispuesto a convalidarle nuevamente al Gobierno la potestad para fijar el nivel de los impuestos a las exportaciones.

En la Constitución de 1994, Raúl Alfonsín estableció que el Congreso debía revisar toda la legislación delegada. Es decir, decidir cuántas de las cuatro mil leyes que ceden facultades al Poder Ejecutivo continuarán en vigencia. A 16 años de esa decisión el trabajo de recopilación de esas leyes aún está en veremos.

Aunque en realidad, parte de esa tarea comenzó en 1985 en el Congreso con dos comisiones, una de ellas para unificar la legislación civil y comercial, pero con final incierto ya que Carlos Menem terminó vetando esa unificación.

El año pasado, cuando también un 24 de agosto operaba la caducidad de la legislación delegada, Cristina de Kirchner también debió negociar con el Congreso. Aunque por entonces tenía mayoría no consiguió prorrogar la legislación delegada hasta el final de su mandato, como sí lo hizo con todos los impuestos que vencían el 31 de diciembre pasado. Sólo se le dio un año de plazo, disponiendo además que se abriría la revisión del paquete de las 1.900 normas aprobadas por delegación de facultades definiendo cuáles necesitaban ser prorrogadas.

Al mismo tiempo se le prohibió al Poder Ejecutivo la subdelegación de facultades, como sucedió con la Resolución 125. Pero la tarea no se hizo y a menos de tres meses que venza el plazo, el problema vuelve a instalarse con un Congreso más conflictivo y un parate con dos vacaciones de por medio.