28 de junio 2010 - 00:00

Oposición quiere controlar el gasto en tiempo real

Federico Pinedo
Federico Pinedo
Tras haber aprobado la derogación de los superpoderes en Diputados (resta aún el Senado y luego un seguro veto de Cristina de Kirchner que invalidaría todo el proceso), la oposición ya avanza con otra reforma de fondo para ajustar los controles sobre las cuentas y empresas públicas y la forma en que gasta el Gobierno. La idea es elaboración del equipo de asesores del macrista Federico Pinedo, pero ya la apoyan casi todos los bloques opositores: reformar la Auditoría

General de la Nación y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para darle más velocidad a los dictámenes y abrir el juego a otros partidos de oposición, además de la UCR.

El cambio que se propone el proyecto apoyado por el PRO, el Peronismo Federal, Proyecto Sur y con visto bueno de la UCR y la Coalición Cívica, no es menor.

Por lo pronto establece la caducidad de todos los mandatos del colegio de auditores y fija una regla que complica a radicales y peronistas: ningún funcionario, diputado, senador o ex integrante del Poder Judicial puede ocupar un cargo de auditor hasta cuatro años después de haber dejado esos cargos.

No es un tema menor: la AGN suele ser un exilio dorado para quienes dejan el Congreso. Pero transitoriamente se ofrece aliviar la situación: si los partidos los ratifican, por única vez, los ex legisladores podrán seguir como auditores.

El reparto de cargos también cambiará: en Diputados los tres sillones en el colegio de auditores se repartirán entre los tres bloques con mayor cantidad de bancas. Se equilibra con la UCR en el Senado donde los integrantes que nombre esa cámara para la AGN serán dos para el oficialismo y uno para el primer opositor.

Cambios

En cuanto a los informes, el proyecto introduce algunos cambios importantes. Por ejemplo, en uno de los artículos se establece: «Todos los contratos y pliegos que regulen la adquisición de bienes y servicios para los organismos y entes del sector público nacional, deberán incluir la obligación de los proveedores y contratistas de brindar en tiempo y forma la información requerida por la AGN». Si no lo hacen pueden quedar afuera de futuras licitaciones o perder la condición de proveedor del Estado. Hasta ahora la recolección de información, no sólo de empresas privadas, sino también de las públicas o inclusive organismos, es uno de los principales problemas dentro de las investigaciones que realiza la Auditoría.

De hecho se autoriza a la AGN a tramitar el acceso a la información por vía judicial y solicitar el secuestro de documentación.

La reforma es más profunda aun en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, el órgano del Congreso del que depende la Auditoría General. Esa Bicameral deberá girar en no más de 48 horas a la AGN la Cuenta de Inversión (rendición del Poder Ejecutivo del Presupuesto ya ejecutado cada año) para su análisis. Y el dictamen de la Auditoría sobre ese tema deberá ser aprobado o rechazado en no más de 45 días.

En realidad, en los últimos años la Mixta había adelantado ese trabajo, pero durante los 90 hubo demoras de hasta cinco años en el análisis del Presupuesto de cada año, lo que transformaba esa revisión ex post en algo totalmente inútil.

Así el proyecto refuerza el control sobre la Bicameral otorgándole todo el poder a los recintos para apurar el trabajo de esa comisión.

La reforma a la AGN, por ahora, no divide a la oposición. De todas formas no es lo mismo hablar de caducidad de mandatos para el macrismo o el peronismo federal, que no tienen sillones en el colegio de auditores, que para el radicalismo que hoy tiene además de la presidencia del cuerpo, el resto de los lugares repartidos con el kirchnerismo.

De todas formas, el proyecto tiene algunos atajos para calmar a los radicales. Se sabe que Silvana Giudici y Rubén Lanceta lo firmarán y que Ricardo Gil Lavedra está a punto de darle el visto bueno, lo que destrabaría bastante el tratamiento en las comisiones de Justicia, Presupuesto y Hacienda y A- suntos Constitucionales.

Parte de la ayuda para el consenso la dio Graciela Camaño, que en el recinto le explicó a Gil Lavedra el proyecto, cuando el radical aún no estaba al tanto.

El macrismo y el peronismo federal consiguieron también seducir a Fernando Pino Solanas y Claudio Lozano para apoyar esta nueva Ley Orgánica de la Auditoría General.

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