Ordenan liberar a tres detenidos por caso Time Warp

La Cámara Federal dejó procesados a Víctor Stinfale, Adrián Conci y Carlos Garat por un delito menor del que les había imputado el juez Casanello.

 La Cámara Federal porteña revocó la prisión preventiva de Víctor Stinfale y otros dos acusados por la fiesta electrónica en Costa Salguero, al dejarlos procesados por un delito más leve que el que tenían.

La medida benefició también al presidente de Dell Producciones, Adrián Conci, organizador del evento donde el 15 de abril pasado murieron cinco jóvenes que resultaron intoxicados con drogas sintéticas y al apoderado de esa firma, Carlos Garat.

El tribunal calificó los delitos por los que están procesados como "homicidio culposo y lesiones graves culposas", pero eliminó el más grave, de "facilitación de lugar para el consumo y venta de estupefacientes" por el que los había procesado el juez Sebastián Casanello.

Para el tribunal no hay en el expediente "ningún elemento que permita vincular directamente a sus asistidos con dicha comercialización y, por tanto, sostener la imputación en los términos del artículo 5° inciso c de la Ley 23.737".

Los beneficiados recuperarán su libertad a medida que hagan el depósito bancario de sus respectivas cauciones, fijadas por Casanello tras conocer la resolución de su tribunal superior.

Según el criterio de capacidad económica, el juez le fijó a Stinfale una fianza de 3 millones de pesos; a Conci de 2 millones, un millón y medio para Garat, y de un millón para el jefe de seguridad del evento, Daniel "Chino" Penisse.

Stinfale, acusado de ser directivo de la empresa que proveía de energizantes y agua embotellada durante la fiesta (mientras el agua de los baños permanecía cortada) ya gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en razón de problemas cardíacos.

El titular de Dell Producciones y su apoderado estaban en cambio presos como integrantes de la organización del evento donde se comercializaron estupefacientes. El cese de las prisiones preventivas fue dispuesto por considerarse que "ya no existen los riesgos procesales de entorpecimiento" de la investigación que habían determinado las detenciones.

Pese a eso, la cámara pidió al juez que les mantenga la prohibición de salir del país y les fije una importante caución -personal o real-, además de confirmarle los embargos por $50 millones. En la causa hay una treintena de imputados, entre ellos varios miembros de la Prefectura.