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Ordenaron reabrir causa por vaciamiento de AFJP
Claudio Bonadío
Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah hicieron lugar a la apelación que había presentado el fiscal federal Gerardo Di Masi y revocaron el fallo del juez de primera instancia, Claudio Bonadío, quien había dispuesto el archivo del caso. Frente a esta resolución, Di Masi argumentó que el cierre de la pesquisa había sido prematuro, ya que no se había realizado una serie de medidas que él había impulsado desde la fiscalía.
Denuncia
La causa se inició a raíz de una denuncia realizada por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo de Guillermo Marijuán, respecto a supuestas «operaciones de vaciamiento» que directivos de varias AFJP habrían realizado ante el inminente anuncio del Gobierno sobre la reestatización del sistema privado de jubilaciones.
La pesquisa intenta determinar si en octubre de 2008, antes de la sanción de la ley que eliminó las AFJP, hubo «una serie de operaciones puntuales, concretas» por parte de ex titulares de AFJP para vaciar las administradoras. Según la denuncia de Marijuán, «la administración infiel de los bienes confiados se habrían concretado mediante la realización de operaciones financieras en claro detrimento de los intereses de sus afiliados, dilapidando los fondos en clara violación a las disposiciones vigentes, derivadas de operaciones de venta de activos en la Bolsa de Valores y Mercado de Capitales, provocando una importante y considerable caída de los precios debido a una inmensa e innecesaria oferta de títulos».
Bonadío recibió la denuncia el 21 de octubre de 2008 y en esa ocasión dictó una medida cautelar para «resguardar» los fondos de las administradoras y para que «no se modificase la composición de la cartera de inversiones».
Ahora, los camaristas ordenaron al juez que avance en la investigación para saber si un día antes hubo operaciones irregulares por parte de responsables de las ex AFJP «Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos».
Asimismo, le ordenaron al magistrado que cite como testigos a funcionarios del Banco Central para «ayudar a medir en términos de racionalidad el plan de inversión que encararon las ex AFJP en la fecha indicada» y su compatibilidad con la ley de Control de Inversiones.

