Managua - Nicaragua continuaba ayer bajo un clima de tensión y caos pese a que el presidente Daniel Ortega revocó la polémica reforma al sistema de pensiones que hundió al país en el caos con violentas protestas, saqueos y choques con la policía, que dejaron 27 muertos.
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La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo intentó aliviar la tensión al anunciar en conferencia de prensa la decisión de liberar a los detenidos, a petición del arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, "estableciendo las bases del diálogo".
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) actualizó el conteo de víctimas fatales a 26, aunque no incluyó a una policía que perdió la vida en enfrentamientos.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo ayer la convocatoria a manifestaciones contra el Gobierno, al mismo tiempo que los estudiantes que iniciaron las protestas insistían en continuar con las medidas de fuerza.
No obstante, el clima de distensión que intentó crear Ortega con el retiro de la reforma a las pensiones se disipó con una violenta represión policial la noche del domingo en la sede de la Universidad Politécnica, donde estaban atrincherados los disidentes.
Ortega, aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, propuso el domingo aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS). Esas subas fueron la chispa que encendió las protestas del sector universitario y que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.
Los estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el Gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida. Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.
El Gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego. La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto del derecho a protestar por parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.
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