Otorgan paquete financiero a las obras sociales

José Luis Lingeri

Con un mes de suspenso, el Gobierno finalmente cumplió con los sindicatos más afines al formalizar una resolución que actualizó en promedio 30 por ciento el valor de los medicamentos y prestaciones médicas reintegrado a sus obras sociales. En la CGT de Antonio Caló respiraban aliviados esta semana y se jactaban de haber gestionado una recomposición que, en el trazo grueso, representa cerca de 2.000 millones de pesos para todo el sistema de salud a cargo de los gremios.

La concesión se tradujo en la Resolución 1.048 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada en el Boletín Oficial, y cuyos puntos centrales anticipó este diario en exclusiva el 29 de mayo pasado. Entre los negociadores con el Gobierno sólo lamentaban que los funcionarios hubiesen omitido un punto que había figurado en las conversaciones como factible de aplicar: un mecanismo automático de actualización de los valores reconocidos para los sistemas de reembolsos generados por el organismo que preside la superintendente Liliana Korenfeld.

En lugar de esa cláusula, el Ejecutivo sólo incluyó un compromiso más leve según el cual "las coberturas, valores de recupero y condiciones de acceso a los reintegros serán revisados periódicamente por la Superintendencia para su actualización, conforme la necesidad de inclusión de nuevas tecnologías y modificaciones de valores de mercado". En otras palabras, se mantuvo la premisa de que las mejoras sólo se otorgarán a instancias de decisiones políticas, como sucedió en los últimos años.

En el Gobierno dieron por hecho que la resolución aliviará la fricción que había existido en los últimos meses con la CGT oficialista. Varios dirigentes de ese sector se quejaron ante Caló por haber tenido que cerrar sus paritarias salariales en valores inferiores al 30% para mantener las buenas relaciones con Cristina de Kirchner, pero sin tener una contraprestación equivalente en las finanzas de sus obras sociales. Sindicalistas y cuadros técnicos de las prestadoras de salud de los gremios manifestaron su conformidad en líneas generales con el impacto económico de la norma, que se aplicará con retroactividad al 1 de junio.

La negociación con Korenfeld estuvo a cargo de José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias y director de AySA. La hipótesis de máxima de los dirigentes para esta gestión era obtener del Ejecutivo la duplicación del Subsidio por Mitigación de Asimetrías (SUMA), que en la actualidad supera los $ 2.000 millones, además de la actualización de los valores prestacionales para el cálculo de los reembolsos con fondos públicos. El refuerzo en el subsidio será materia de una próxima ronda de gestiones en la segunda mitad del año, dijeron en la CGT.

Otro ítem que lograron agilizar los dirigentes fue el Sistema de Tutelaje de Tecnologías Sanitarias Emergentes, que contempla la cobertura de remedios o prácticas médicas no incluidas en los listados actualmente reconocidos por la Superintendencia. De ese modo, explicaron en las obras sociales, podrán salvaguardar las finanzas de esas organizaciones frente a dolencias poco frecuentes que pudiesen demandar de tratamientos en etapa de experimentación y de aplicación novedosa.

El acuerdo con el Gobierno plasmado en la resolución aliviará las finanzas de las cerca de 300 obras sociales del sistema, de las tres versiones de la CGT por igual.