Otra controversia con el CIADI por una contratista de Mendoza

Joaquín Da Rocha

El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentó ayer en la sede del CIADI en Washington la posición del Estado nacional según la cual ese tribunal del Banco Mundial no es competente para resolver en el arbitraje requerido por la firma Asset Recovery Trust. Ayer expusieron las dos partes, estando la empresa representada por el estudio Cassagne. Hoy son los alegatos finales, y el CIADI podría resolver durante la jornada si interviene o no.

Asset Recovery Trust demandó a la Argentina por una suma de u$s 148,8 millones, incluyendo capital e intereses, porque en 2003 el Gobierno mendocino no le renovó el contrato por el cual la compañía realizaba cobranzas judiciales y extrajudiciales de ex bancos de la provincia. El procurador, acompañado por funcionarios del gobierno de Mendoza, afirmó que la empresa es controlada por un argentino, Carlos Andrés Abadi, lo que inhibiría la intervención del CIADI, el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial para diferendos dentro del marco de los tratados bilaterales entre la Argentina y otras naciones sobre protección recíproca de inversiones.

Rechazos

La Procuración del Tesoro recordó que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ya rechazó los reclamos de Asset Recovery Trust. El argumento de la defensa argentina se basa además en que la relación de Asset con el Gobierno de Mendoza «era contractual» y que no realizó en el país una inversión que contribuyera al desarrollo del Estado, dos requisitos que establece el Convenio CIADI para presentar una demanda.

La presentación de Da Rocha se suma a la realizada a principios de este mes durante la reunión anual del Consejo Administrativo del CIADI, junto al vicecanciller, Alberto DAlotto, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. En esa ocasión, Da Rocha pidió que se investiguen las irregularidades en el arbitraje condenatorio contra el país en el caso de la empresa francesa Vivendi y la concesionaria Compañía Aguas del Aconquija que operaba en Tucumán. Según la posición argentina, una de las personas intervinientes en la elaboración del segundo laudo que es definitivo, pertenecía a una entidad con participación accionaria en la empresa gala.

En ese caso, la Procuración reclamó también que se inicie una investigación sobre la denuncia que realizó en su voto el juez holandés Jan Hendrik Dalhuisen, según quien miembros de la Secretaría del CIADI mantuvieron contacto con los integrantes del Comité de Anulación para intentar influir en la decisión.