El testimonio, parte de un acuerdo judicial con once ejecutivos de la firma y que ya fue homologado por el Supremo Tribunal Federal -por lo que vale como prueba-, entre ellos el ex-CEO Otavio Marques Azevedo, constituiría el mayor vínculo hasta el momento entre la extensa investigación por corrupción llamada operación "Lava Jato" (lavadero de autos) y la campaña de Rousseff, indicó Folha de Sao Paulo.
Marques Azevedo, quien fue detenido en junio del año pasado, confesó que millones de dólares donados legalmente a la campaña de Rousseff provenían originalmente de sobornos pagados por Andrade Gutierrez por la obtención de grandes contratos.
Folha de Sao Paulo dijo que no está claro si el dinero fue entregado a la cuenta del comité de Rousseff para la reelección o a su Partido de los Trabajadores (PT).
En 2014, la segunda mayor contratista del país donó 20 millones de reales (5,5 millones de dólares) para la campaña de Rousseff. De acuerdo con la información proporcionada por Marques Azevedo, otros 10 millones de reales (2,75 millones de dólares) habrían sido donados al PT en las campañas de 2010 (cuando Dilma llegó por priemra vez al poder) y la regional de 2012.
La trama de corrupción se vincula a la construcción de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, que generó coimas de 150 millones de reales por parte de todas las constructoras intervinientes. El monto se dividió por mitades para las campañas del PT y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, entonces aliado del Gobierno y desde hace algunos días parte de la oposición.
El consorcio sospechado estaba formado por emrpesas con y también sin experiencia en obras hidrelétricas: Queiroz Galvão, Mendes Júnior, Serveng-Civilsan, Contern, Cetenco, Gaia, Galvão y J. Malucelli. Sin embargo, las compañías derrotadas en la licitación de junio de 2010, Andrade Gutierrez, Odebrecht y Camargo Corrêa, fueron autorizadas a ingresar posteriormente y se quedaron con la mitad de la obra, dijo "Folha".
La publicación aporta un nuevo elemento explosivo en la crisis, ya que suma evidencias de ingreso de fondos ilegales en la campaña electoral. Hay que recordar que el juicio político en marcha en el Congreso no se vincula con el "petrolão" sino con el "maquillaje" de las cuentas públicas. Esto podría sumar un nuevo elemento.
Además, involucra también la elección de Michel Temer, quien debería suceder a Rousseff en caso de que prospere el "impeachment". Pero la nueva denuncia suma a la presión para la apertura de un proceso de destitución también del "número dos".
Además, el Tribunal Sueprior Electroal (TSE) tramita una causa con financiación ilegal de la campaña que podría llevar a la anulación del resultado de los comicios de octubre de 2014.
Según la Constitución brasileña, el impedimento del presidente y del vicepresidente del país gatilla la convocatoria a elecciones anticipadas si es que se produce durante la primera mitad del mandato, plazo que expira el próximo 31 de diciembre. Si es después, corresponde al Congreso nombrar un mandatario para completar el período de cuatro años.
Rousseff reaccionó a la noticia. Dijo agriamente que la delación de Andrade Gutierrez "busca crear un ambiente propicio para el golpe", que es como califica su eventual destitución en juicio político. La Cámara de Diputados debe votar antes del lunes 18 si eleva al Senado la acusación. Si este acepta el caso por mayoría simple, Dilma quedará automáticamente suspendida por 180 días mientras se tramita el juicio.
| Agencias Reuters, AFP y EFE, y Ámbito Financiero |
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