Otra estocada contra el intento de ampliación

 La Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional el mecanismo de designación de los conjueces del máximo tribunal en el Senado. Los ministros entienden que para integrar esa nómina son necesarios los 2/3 del Senado con lo cual la que estaba en vigencia quedo desactivada. Fue un fallo unánime y que se había motivado por una disputa de tinte salarial.

La tónica del acuerdo de ayer fue similar a la de la semana pasada: a las señales de probables reformas deslizadas desde el Gobierno, el tribunal replica con fallos que reducen los márgenes para esos planes. Poco importa ahora si sólo fueron globos de ensayo. La retórica tuvo como resultado sentencias. Primero para advertir sobre los medios para ensayar reformas y ayer con una referencia concreta a los resultados, o sea, la validez de los conjueces. En ambos fallos está la firma de Elena Highton de Nolasco. Un triunfo para Ricardo Lorenzetti en el microclima cortesano, donde tras la salida de Eugenio Zaffaroni, la jueza es vista como la sucursal menos hostil para con el kirchnerismo, percepción que ella misma también ha alimentado en sus comentarios tanto públicos como privados.

Para los ministros las desmentidas del Gobierno de sus planes de reforma no son confiables. Es más, desde el lunes circula la novedad de que la ampliación de la Corte se agendó para mediados de septiembre, luego de las Primarias. El motivo de ese delay sería evitar un enfrentamiento abierto con la Corte cuando la campaña recién comienza. En el primer piso de Balcarce 50 se han escuchado argumentos en ese sentido por parte de gobernadores del peronismo. Uno de ellos fue Juan Manuel Urtubey. Por ahora es un final abierto.

Ya desde finales del año pasado los conjueces son un issue presente en la Corte. Circulaban por las vocalías presentaciones contra la validez de los mismos (una de ellas impulsada por satélites del Frente Renovador) aunque la cuestión adquirió vértigo en los últimos días. En realidad, los conjueces de la Corte tienen chances casi nulas de intervenir porque sólo lo hacen cuando los titulares de las cámaras federales se excusan. El único ámbito que presenta esa particularidad es el de las cuestiones salariales. Por eso el rótulo de conjuez de Corte siempre ha sido más un adicional al CV de abogados de la matrícula que un rasgo de poder.

Existen inquietudes más tangibles como los proyectos de implementación de la reforma procesal penal que se debatirán en el Congreso. El pasado martes en el gremio de jueces se reunieron alrededor de cien magistrados para objetar los proyectos redactados en el Ministerio de Justicia. Cuando se iniciaba la reunión en la cual se firmó la moción que promete judicializar esas leyes si no incluyen cambios, los jueces del fuero Contencioso Administrativo (donde se discute la constitucionalidad de los actos del Estado) presentes se retiraron con aviso. Es obvio: ya dan por descontado que les tocara intervenir porque además dudan de que el oficialismo admita cambios en los proyectos.

Ayer en la reunión de la Comisión Bicameral del Congreso se definió que el 5 de mayo se presenten la defensora general Stella Maris Martínez y la procuradora Alejandra Gils Carbó para responder preguntas de los legisladores. El trasfondo de esa comisión es más jugoso que sus discusiones: el senador Ángel Rozas volvió a transmitir a los integrantes de su bloque la necesidad de una licencia inminente en su asiento de la Magistratura porque precisa aportar músculo a campaña del radicalismo a nivel nacional.