Otra medida judicial frena suba de tarifas de luz en el interior

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Días atrás, el ministro Aranguren había cuestionado la situación de malestar en provincias y responsabilizado por las facturas a gobiernos locales.

Una resolución judicial conocida ayer ordena a la empresa eléctrica de Chaco que se abstenga de aplicar a los usuarios de esa provincia los aumentos dispuestos por el Gobierno nacional en el precio mayorista de la energía y el transporte en alta tensión que rigen desde el 1 de febrero. La medida también ordena refacturar con las tarifas de diciembre de 2016, devolviendo los importes que correspondan a los usuarios que abonaron con las alzas suspendidas.

La decisión de un juez de Sáenz Peña ratifica una medida en el mismo sentido dictada por la Justicia federal en la provincia. Según el fallo difundido ayer, "se observa que, efectivamente, la empresa prestadora del servicio eléctrico de nuestra provincia no estaría trasladando a los usuarios los efectos retroactivos de la medida jurisdiccional dispuesta por la Justicia Federal, en cuanto a los alcances patrimoniales de esa retracción en el incremento del costo de la energía eléctrica. Y ello más allá de la medida de suspensión dispuesta por el Sr. Gobernador, ya que dicha directiva no refiere a los períodos ya facturados y cobrados a los usuarios del servicio eléctrico, desde febrero de 2017, inclusive".

Esta decisión judicial es un nuevo revés para la política del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya que se une a la dictada por el juez Arias para La Plata y el interior de Buenos Aires hace diez días, y por lo cual habrá hoy una audiencia de conciliación convocada por el mismo magistrado.

Están citados representantes del Gobierno de María Eugenia Vidal y el defensor del pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, que pidió la medida cautelar. Lorenzino dijo ayer que "hay que actualizar las tarifas de la luz", pero indicó que se deben tener en cuenta "dos principios básicos: proporción y racionalidad de acuerdo con los ingresos de la gente". Añadió que "el 80% y el 100% de aumento de las tarifas de luz no es racional", opinando que "cualquier actualización tiene que tener en cuenta la variable salarial".

En medio de la polémica que puede acentuarse cuando se reciban las facturas de luz y gas del invierno, según un cable de la agencia Télam el Gobierno incorporará el concepto de "pobreza energética" utilizado por los países de la Unión Europea (UE), para evaluar el impacto social de los aumentos de tarifas.

De todos modos, no se trata de algo inmediato. "Para eso deben incluirse preguntas sobre usos energéticos en la próxima Encuesta Nacional de Gastos de Hogares que realiza el INDEC; cuando esa información esté disponible, se podrá realizar el cálculo de hogares en condiciones de pobreza energética", anticiparon voceros de la cartera de Energía.

El concepto de pobreza energética se empezó a estudiar en Inglaterra a principios de la década del 90, definiéndose como "la situación en la que se halla un hogar que tiene que dedicar más del 10% de sus ingresos a alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda: 21 grados en la sala principal y 18 en las demás habitaciones".

Pero ese criterio se refiere a regiones que padecen frío muy severo durante el invierno, y no considera que en zonas cálidas también es imprescindible el uso de aparatos de aire acondicionado en el verano para prevenir enfermedades. La pobreza energética, en cuanto a la dificultad para pagar la calefacción adecuada, creció drásticamente en los países de la UE después de la crisis de 2008.

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