"Las reformas acordadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto, pero resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas". Así lo afirmó la consultora IDESA, al sostener que el gasto público consolidado en todos los niveles de Gobierno pasó del 29% al 47% entre 2005 y 2015, que resultó en un "desequilibrio de las cuentas públicas insostenible".
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La consultora sostuvo que, aún cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas, "se seguirá dependiendo del endeudamiento público para cubrir los desequilibrios fiscales" y que "las posibilidades de eliminar, o al menos reducir, los impuestos más distorsivos son remotas". "En el mejor de los casos habrá una promesa de reforma futura sujeta a que el crecimiento económico genere espacio para la reducción de impuestos", estimó. "Mientras tanto se seguirá conviviendo con altos y distorsivos impuestos que cercenan la producción y la generación de empleos y apostando a que los mercados financieros sigan financiando la parte del gasto no cubierta con impuestos", agregó.
IDESA considera que "el problema de fondo es el desbalance en la percepción que tiene la población sobre la administración del gasto público". "Las medidas tendientes a manejar con austeridad el gasto público, en general, motivan rechazo argumentando que tienen asociados costos sociales. Se pasa por alto que mantener los desajuste fiscales genera costos sociales más elevados", destacó. "El desarrollo social exige un sector público austero y profesional. Para avanzar en esta dirección es fundamental asumir que el gradualismo y la tibieza en el ordenamiento del Estado son una fuente generadora de costos sociales a través de más deuda pública, menos crecimiento y más inflación", concluyó.
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