El conflicto petrolero en la Patagonia sigue sin resolverse, mientras que esta semana el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, acordó con Cristina de Kirchner y ministros del gabinete nacional solicitar a las partes involucradas un plazo de 15 días para buscar una solución definitiva a la crítica situación por los despidos ocasionados por el contexto de crisis.
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A pesar de los sendos acuerdos e intimaciones que surgen desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, los sindicatos reciben beneficios que no encuentran eco en las acciones de las empresas. Luego del fin de la extendida conciliación obligatoria, en las negociaciones entre los gremios y las empresas llevadas a cabo esta semana, se estableció que los trabajadores suspendidos cobrarán unos $ 2.000 más. Sin embargo, las operadoras todavía deben pagar el aumento de $ 2.000 por única vez a cuenta de futuros incrementos en paritarias para todos los trabajadores del sector, que determinó la cartera laboral de la Nación, y que fue rechazado por la Cámara de Empresas de Servicios Especiales, CEOPE.
Según señaló el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra, los trabajadores que están en el proceso preventivo de crisis, es decir suspendidos, cobrarán en el próximo salario una vianda más y el «adicional de torre», lo que equivale a más de $ 2.000 sin descuento.
Reactivación
El gremialista agregó que las operadoras se comprometieron también a reactivar los otros 10 equipos petroleros que se habían acordado en la conciliación obligatoria anterior; «cinco se pondrán en marcha de inmediato», dijo. La mitad corresponde a YPF, y los otros a la provincia de Neuquén, la empresa estatal nacional ENARSA, y a otras operadoras. No obstante, aún no se pusieron en marcha los equipos comprometidos, 20 en total. Las pymes locales notaron un incremento en las actividades, pero no la que se había comprometido el 8 de mayo pasado.
«Vamos a esperar sólo 15 días más para que cumplan con lo acordado, porque estamos al borde de la explosión social», dijo Pereyra. Y añadió que si la CEOPE, tal como amenazó, ratifica despidos, el gremio tomará cartas en el asunto.
Asimismo, el sindicalista señaló que las empresas se tomarán 30 días para negociar junto a la Nación y las provincias, nuevos esquemas de precios para los hidrocarburos, otro de los reclamos que se plantean desde hace tiempo.
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