Para el Gobierno, Córdoba tiene “jubilaciones de privilegio”

Juan Manuel Abal Medina

Para el Gobierno de Cristina de Kirchner, la embestida contra Córdoba por la negativa a reconocer los $ 1.040 millones que José Manuel de la Sota le reclama a la Nación continuará con un argumento duro: se dirá que las jubilaciones que paga la provincia son, en la mayoría de los casos, «de privilegio». Como el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley contra este tipo de pensiones, el argumento será que los pagos cordobeses se encuentran dentro de lo que la Nación considera pagos que deben terminar. La presentación será cuando las partes se crucen en la mediación de la Corte Suprema de Justicia el 10 de septiembre, y mientras tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, seguirá sin atenderle el teléfono al cordobés, por decisión de Cristina de Kirchner.

Según los datos que maneja el titular de la ANSES, Diego Bossio, Córdoba paga aproximadamente $ 40.000 a los jubilados judiciales, unos $ 21.000 a los de la EPEC (la empresa de electricidad de la provincia) y unos $ 18.000 a los exempleados del Poder Legislativo, entre otros casos. Estas liquidaciones, siempre según la Nación, tienen indexaciones a partir de cada incremento salarial que negocia la provincia anualmente, siguiendo el criterio del 82% móvil. El criterio legal de la Casa Rosada es que si se avalaran desde la ANSES estas liquidaciones, y se cubrieran en parte con fondos nacionales, se produciría un desequilibrio fiscal y una desigualdad que no puede ser cubierta con los fondos del organismo previsional.

Como jurisprudencia, se presentará el proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario, por el cual el Gobierno nacional quiere terminar con los regímenes jubilatorios especiales, en particular el de los jueces. El argumento utilizado en este proyecto es el mismo que se aplica en estos días contra el reclamo delasotista: genera fuertes inequidades con el resto de los pensionados. A nivel nacional, y con fondos de la ANSES, se paga, según estas cajas especiales de los exjueces, un promedio de $ 25.000 mensuales con casos que superan los $ 70.000. Con menor nivel de liquidaciones mensuales, pero también con promedios muy superiores al nivel promedio nacional, se ubican los diplomáticos, científicos, docentes universitarios y trabajadores de Luz y Fuerza, sectores que cuentan con regímenes que les amparan jubilaciones mayores que las del resto de los pensionados. El proyecto tiene cabida en Diputados, pero se estima que habrá problemas para que varios senadores lo avalen, ya que la situación de Córdoba se repite en otras provincias, como la propia Santa Cruz. (Ver Ámbito Nacional).

La idea del proyecto es que estos pagos generan inequidad y que debe haber una adecuación o «armonización» entre las jubilaciones nacionales y las de las provincias, comenzando por la cordobesa. En las argumentaciones de la ley presentada en el Congreso, el Gobierno asegura que, fiscalmente, la vigencia de estas cuentas especiales «no es sostenible en el tiempo», situación similar a la que generó en su momento el veto a la ley del 82% móvil aprobada por el anterior Legislativo con mayoría opositora y que derivó en un veto de Cristina de Kirchner. Lo que quiere el Gobierno es que haya un tope nacional que respeten todas las provincias para esas jubilaciones, y que no supere a números de hoy aproximadamente los 13.000 pesos mensuales.

El Gobierno nacional, mientras tanto, seguirá argumentando que la embestida contra las jubilaciones provinciales, como respuesta a De la Sota en la Corte, no tiene ninguna implicancia política.