Paraguay: Gobierno salió al cruce del “Rey de la soja”

Fernando Lugo

El ministro del Interior de Paraguay, Carlos Filizzola, y el productor Tranquilo Favero, conocido como el «Rey de la soja», quedaron envueltos en un duro cruce, mientras el Gobierno creó una comisión para que busque alternativas al conflicto por tierras en la zona fronteriza con Brasil.

Filizzola tildó de «fascista» a Favero, un productor de origen brasileño, porque el empresario había reivindicado la dictadura de Alfredo Stroessner (1957-1989) y acusado de delincuentes a los campesinos sin tierra.

«Tranquilo Favero es un fascista», remarcó Filizzola en declaraciones periodísticas, tras participar en una reunión con el presidente Fernando Lugo, y en medio de la polémica por la propiedad de tierras, que mantiene enfrentados a campesinos y colonos, en su mayoría de origen brasileño. También el jefe de Gabinete, Miguel López Perito, criticó a Favero e ironizó sobre sus dichos.

«Si en aquella época (de dictadura) Favero tenía más seguridad era porque tal vez le hacía ganar más plata a gente del régimen stronista», comentó.

El Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS) de Paraguay, que integra la alianza gobernante, denunció ayer penalmente a Favero por «incitación al delito» al evaluar que sus comentarios son discriminatorios hacia la mujer.

La exconcejal asunceña Rocío Casco, dirigente del P-MAS, dijo que la denuncia es una forma de repudiar las declaraciones de Favero, que le dijo al sitio folha.com que se consideraba paraguayo, porque se naturalizó hace 25 años y hace 42 años que vive en el país.

Sobre la dictadura, Favero señaló que en aquella época el país era más seguro, al punto que «se podía dormir con la ventana abierta y nadie robaba», y recomendó tratar a los sin tierra «como mujer de malandro, que sólo obedece a base de palo».

El lunes el Gobierno dispuso armar una comisión para que se aboque al conflicto por la tierra entre campesinos paraguayos y productores de origen brasileño, que mantiene en tensión la zona de Ñacunday.

El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Marciano Barreto; el procurador general de la República, Enrique García; y el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, integran el equipo de trabajo.

Campesinos y colonos mantienen un disputa por 168 mil hectáreas en el este del país, que según los sin tierra son de propiedad pública.

Aunque los campesinos amenazan con medidas de bloqueo de rutas, el Gobierno dejó la cuestión en manos de la Justicia.