Paran molinos: podría faltar pan

Más de 30 molinos frenaron su actividad en protesta por el atraso en los pagos de subsidios (compensaciones que otorgaba la ex ONCCA), lo que hace peligrar la continuidad de la producción de harina de trigo en el país. En principio, debieron interrumpir sus actividades los molinos más pequeños, ubicados en el interior del país, pero con el correr de los días molinos medianos y grandes también se han visto forzados a detener su producción.

«El panorama es incierto, la federación molinera dice que no va a entregar harina la semana que viene, lo cual indica que en 10 días habrá problemas de desabastecimiento», aseguró Rubén Salvio, presidente de la Federación de Panaderos. Y agregó: «La situación está afectando el abastecimiento de harina en las ciudades, y de no ser resuelta se tornará crítica. Si el conflicto persiste, la semana que viene las panaderías van a tener que cerrar».

El problema surge por el atraso en los pagos de compensaciones por parte de la ex ONCCA y la parálisis del organismo que la reemplazó, la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo (UCESCI), que llevó a la industria molinera a una situación de desfinanciación, falta de capital de giro y escasez de stocks de materia prima.

Los trabajadores nucleados en la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) expresaron ayer su «preocupación por la crisis que afecta la actividad» debido a «la paralización de decenas de empresas» del sector, informó un comunicado de la entidad. «Muchas pequeñas y medianas empresas negociaron en los últimos meses con sus trabajadores el adelanto de licencias y suspensiones temporarias provocadas por problemas de financiamiento derivados del atraso de las compensaciones a los molinos harineros y los precios del cereal», señaló el gremio. La UOMA afirmó que «la problemática afecta al 20% de la industria y, de no resolverse a la brevedad, la crisis tendrá consecuencias graves en desmedro de los puestos de trabajo y del abastecimiento de harina».

Además, los molineros solicitaron al Ministerio de Agricultura «su intervención para resolver el conflicto», se pronunciaron por «la continuidad del modelo productivo que desde 2003 aplica el Gobierno» y respaldaron esas políticas de manera «incondicional», como ocurrió durante el conflicto con las entidades agropecuarias.