Paran policías por pago desdoblado de suba salarial

La Policía de Santa Cruz activó ayer un "quite de colaboración" de servicios en Río Gallegos -anoche, los uniformados analizaban la posibilidad de extender la medida a otras ciudades- en rechazo a la intención del Gobierno provincial de pagar en forma desdoblada el aumento que le corresponde a la fuerza de seguridad en el marco de la paritaria acordada.

Según los efectivos, durante la tarde de ayer -y tras una advertencia pública- la Asociación Policial esperó una respuesta del Ejecutivo que comanda la mandataria Alicia Kirchner (Frente para la Victoria).

Sin embargo, ante la negativa, determinó "tomar la medida de acción directa del quite de colaboración, la cual se aplicará de forma paulatina en diferentes destinos y con respecto a las formas y métodos".

Las medidas de fuerza continuarán -afirman- "hasta lograr una respuesta contundente y afirmativa con respecto a lo pactado e incumplido en paritarias por parte del Gobierno".

Fuentes de la Policía santacruceña aseguraron anoche a Ámbito Nacional que "no se trata de un autoacuartelamiento, sino de un quite de colaboración que afecta el sistema de prevención".

"Los efectivos cumplirán su horario de trabajo en los destacamentos correspondientes pero no formarán parte del sistema de prevención, es decir, no harán recorridos habituales y sólo responderán ante emergencias y urgencias", señalaron.

La estocada policial se da en el marco de las graves dificultades financieras que enfrenta el Gobierno santacruceño para hacer frente al pago de los sueldos de julio y el aguinaldo.

El calendario recién logró destrabarse esta semana (el aguinaldo, por caso, será abonado hoy), luego de una asistencia financiera de la Casa Rosada por $340 millones, a cuenta de la devolución escalonada y progresiva del 15% de la coparticipación.

"Los aumentos serán abonados en el transcurso del mes, de acuerdo con los ingresos que vaya teniendo la provincia", aseguró el martes pasado el ministro de Economía, Juan Donnini.

Las trabas financieras se agravaron luego de que la Justicia provincial frenara por unos días el acceso a un endeudamiento por $10 mil millones, aunque finalmente prosperó la apelación de la exministra de Desarrollo Social.