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“Pax” Cambiemos-PJ convirtió blanqueo en ley
Al filo del segundo semestre la Cámara alta sancionó paquete económico que incluye modificación de Bienes Personales y traspaso de la UIF a Hacienda. La clave fue la devolución de fondos coparticipables a las provincias.
VOTO POSITIVO. Julio Cobos votó a favor junto al jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, y a Ángel Rozas, del interbloque Cambiemos.
La sanción de la ley no hubiese sido posible para el oficialismo sin los votos de Pichetto, gerente político de los gobernadores del PJ que se independizó de Cristina de Kirchner y "recuperó la capacidad de pensar" inclsuo para habilitarle a Macri dos tercios de los votos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley sancionada ayer en el Senado contiene 97 artículos y dentro de sus puntos, incluye la ratificación de la devolución del 15% de fondos coparticipables a las provincias, un delicado trabajo de negociación realizado por la Casa Rosada a través del Ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio.
El proyecto establece que el Estado pagará la deuda que mantiene con 2,5 millones de los jubilados por la falta de actualización de haberes, a quienes divide en tres grupos: los que ya tienen una sentencia firme a su favor; los que iniciaron juicio contra la ANSES pero aún no obtuvieron fallo y los que están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no accionaron judicialmente.
El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones. La segunda fuente de ingresos para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales, que se incluye en otro capítulo del proyecto enviado por el gobierno nacional. Para evitar el desmantelamiento de las acciones que ANSES tiene a partir de la estatización de las AFJP en empresas privadas como Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa, se prohíben transferencias que lleven a esa cartera de acciones por debajo del 7% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La iniciativa también establece que la Unidad de Información Financiera abandone la órbita del Ministerio de Justicia y pase a depender del Ministerio de Hacienda para reforzar el control sobre el circuito de fondos a partir del entrecruzamiento de datos con otras entidades como el Banco Central de la República Argentina.
En el debate, el jefe del interbloque oficialista Cambiemos aseguró que "esta trascendente iniciativa, pone a prueba el carácter social y federal del gobierno nacional y viene a saldar con sensatez y equidad, las deudas internas más serias que tenemos los argentinos, con los juicios de los jubilados por una parte y con las Provincias, por la otra".
El mendocino Julio Cobos destacó que "el espíritu de esta ley es resolver los problemas del pasado, sin dejar de reconocer que han habido cosas buenas en este tema. Lo primero fue la apertura después de la privatización, permitiendo el pase de aquellos que habían elegido el sistema de AFJP en lugar del sistema de reparto. Luego la movilidad, a partir del 2009, que solucionó parte de los que reclamaban los fallos judiciales. A pesar de todo, siguieron los reclamos de los gobernadores y más aún, después de que se vuelve a estatizar el sistema de jubilación, porque nada justificaba la cesión del 15% para financiar el sistema de reparto. Por eso es que este proyecto busca diversas soluciones a diversos problemas".
El senador nacional por San Juan del Interbloque Federal, Roberto Basualdo, celebró que se trate en el recinto el proyecto de reparación histórica para jubilados y el blanqueo de capitales. "No sólo hay que pagar la deuda externa, sino también la interna".
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