Pedirán a la Corte que frene beneficio

Reaccionó el Gobierno nacional ante la decisión del gobernador Carlos Verna de suprimir la retención de ese impuesto nacional a funcionarios.

Carlos Verna

El Gobierno nacional le pedirá a la Corte Suprema que declare la nulidad y la inconstitucionalidad del decreto firmado en diciembre por el gobernador de La Pampa, el justicialista Carlos Verna, que exime del pago de Ganancias a todos los funcionarios estatales de los tres poderes. En simultáneo, además, el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne le reclamará al máximo tribunal una medida cautelar para que ese distrito siga reteniendo este impuesto, ya que las cargas tributarias de carácter federal no pueden ser alteradas por las provincias ni por los municipios.

El mandatario pampeano tomó la determinación mediante el Decreto número 5165/2016 en el que se establece que "a partir del 1 de enero de 2017 el tratamiento previsto en la Resolución Nº 12/05 y complementarias, en los términos de la Resolución N 65/15 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa".

La resolución que menciona el gobernador es la que ratificó el Superior Tribunal de Justicia en 2005 para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a todos los funcionarios judiciales.

Esta iniciativa alcanza a los poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que su decisión lo beneficia a él, a sus ministros, secretarios, subsecretarios, directores, diputados, asesores, auxiliares legislativos y empleados jerárquicos de las categorías más altas con varios años de antigüedad.

El Ministerio de Hacienda precisó que a la hora de justificar el decreto, Verna "cita desde una acordada de la Corte Suprema del año 1996 hasta, paradójicamente, una ley nacional que derogó todo este tipo de exenciones o tratamientos especiales".

"Es inconstitucional por donde se lo mire: invoca el principio de igualdad, para equiparar empleados judiciales con los de los otros poderes, olvidando que la igualdad, por definición, es entre iguales; se trata de un decreto que estaría avanzando sobre competencias del Congreso Nacional (materia delegada a la Nación por las Provincias)", explicaron Noticias Argentinas.

Asimismo, la cartera que encabeza Nicolás Dujovne remarcó que esa determinación del gobernador pampeano "afecta la coparticipación nacional, por ende afecta los recursos nacionales y del resto de las provincias, al tiempo que expone a la provincia a una contingencia judicial futura".

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que se trata de un "problema ético gravísimo". "Que desde lo más alto del poder político, y en este caso desde una provincia, hagan esto en beneficio propio y en contra de la gente, es algo que nunca lo hubiera imaginado", subrayó.

Desde el Gobierno de La Pampa explicaron que la decisión se tomó sobre la base de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y apunta a "lograr la equidad en el tratamiento impositivo de quienes realizan tareas similares en el sector público de la provincia".

El ministro de Hacienda pampeano, Ernesto Franco, justificó el decreto que, a su criterio, "apunta a beneficiar a los empleados públicos de La Pampa" y aseguró que "es una medida que se aplica en otras provincias patagónicas, como Santa Cruz, Río Negro y Chubut, las que también hacen esas deducciones".