En el marco de un puñado de denuncias por corrupción en el proceso de reparación del ARA San Juan -que desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue encontrado un año después, a 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia-, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría ordenó un peritaje contable para investigar la malversación de fondos públicos.
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Peritaje por ARA San Juan
La causa nació tras una denuncia de la diputada de la Coalición Cívica y miembro fundacional de Cambiemos, Elisa Carrió. Según la legisladora el presupuesto se incrementó de 51 a 127 millones de pesos.
Servini de Cubría especificó en el objeto de la pericia -será realizada por contadores de la Corte Suprema- que se direccione la lupa en la reparación, mantenimiento, apoyo y soldadura de corte, reemplazo de motores diésel y equipos asociados y cambios de baterías del submarino.
En cuanto a la investigación sobre su desaparición, la comisión bicameral del Congreso -espera terminar su trabajo a mitad de año- convocó para el 12 de marzo próximo al contralmirante David Fabián Burden, director general de Material de la Armada; y al contralmirante Rafael Prieto (retirado), excomandante de la Flota de Mar.


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