Petróleo: confirman giro a Congreso de nueva ley

Jorge Sapag

El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, aseguró ayer, durante un nuevo informe en la Cámara de Diputados, que el Gobierno de Cristina de Kirchner enviará "próximamente" al Parlamento una nueva ley hidrocarburífera.

La iniciativa original, presentada el 9 de junio por la jefa de Estado a las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI-, recibió en las semanas siguientes un fuerte rechazo de Neuquén, Chubut, Río Negro y, en menor medida, Mendoza.

Después de semanas de incertidumbre, en las que Nación aplicó un "castigo" hacia esos distritos -al no prorrogarles la renegociación de deudas provinciales con el Gobierno central-, se desarrollaron las internas partidarias del Movimiento Popular Neuquino -el 24 de agosto pasado-, donde salió favorecida la lista del gobernador Jorge Sapag.

Tras esos comicios, el conflicto comenzó a disiparse y tanto Sapag como el mandatario chubutense Martín Buzzi -presidente de la OFEPHI-, se reunieron con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para corregir el proyecto y cerrar la disputa con las provincias.

El jueves pasado, Sapag, Buzzi y el mendocino Francisco "Paco" Pérez esperaban mantener un cónclave con la Presidente al día siguiente para descongelar la relación estos distritos y Nación, aunque el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, fue el encargado de confirmarles -según adelantó Ámbito Nacional-, que un nuevo texto sería presentado después de la semana en trámite.

Ayer, Capitanich señaló que la nueva iniciativa propone crear una "estrategia unificada" para los procesos de licitación de las áreas de hidrocarburos, cuya propiedad es de las provincias.

En ese sentido, el jefe de Gabinete detalló que el texto incluirá "parámetros regulatorios para la explotación del petróleo y el gas no convencional, de fijación de criterios para la imposición fiscal provincial, y de desarrollo de los mecanismo de unificación de evaluación del impacto ambiental".

Los puntos de conflicto en el proyecto -el Senado debería ser el primero en debatirlo- son, entre otros, el canon de ingreso y el denominado "acarreo", por el cual las empresas locales participan en los yacimientos sin hacer aportes de capital, aunque no debe dejarse de lado que en caso de sancionarse una iniciativa, ésta deberá ser refrendada por las legislaturas provinciales.