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Piden $ 800 mil para investigar denuncias
El pedido está avalado por todos los jefes de bloque de la oposición: Elisa Carrió, Oscar Aguad, Federico Pinedo, Felipe Solá, además de Ricardo Gil Lavedra, Gustavo Ferrari, Marcelo López Arias y Patricia Bullrich. Pero la autoría fue el radical Pedro Tunessi.
Allí se precisa que se investigará la «participación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios de la Nación en las tratativas comerciales con la República Bolivariana de Venezuela, las operaciones de compra e importación de fueloil, petróleo y otros derivados, la constitución y desarrollo del fideicomiso Bandes, con análisis de sus movimientos económicos, financieros e inversiones, las operaciones de exportación de ganado y maquinaria agrícola, las de financiamiento a través de la colocación de títulos públicos, los contratos suscriptos por empresas argentinas con el Estado venezolano», entre otros puntos.
Esa comisión, que será presidida por un integrante de la oposición, podrá, como sucedió con otras investigadoras, pedir informes, recibir denuncias, exigir la entrega de documentación y realizar averiguaciones.
Pero, además, avanza en un terreno inédito hasta ahora: los diputados piden que se la dote de poder para utilizar la fuerza pública y hasta secuestrar documentos a jueces que se nieguen a entregarlos, presentar denuncias y tomar testimonios. Además, puede trasladarse al exterior si fuera necesario.
Quizás por esa razón es que estableció un presupuesto anual de $ 800.000 para atender las necesidades de la investigación, un número curioso y casi maldito si se habla de Venezuela, habida cuenta de que casi el mismo importe, aunque en dólares, viajó en el avión alquilado por ENARSA en el famoso maletín que terminó ingresando al país Guido Antonini Wilson.

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