Con un escrito de 40 páginas llegó ayer Mauricio Macri al despacho del juez federal Norberto Oyarbide, a modo de ahorrar respuestas, pero también de abundar en explicaciones que podrían no serle consultadas. Allí además, tal como anticipó este diario, en su carácter de imputado en la causa de escuchas, el jefe porteño solicitó que el fiscal impulse una batería de pruebas para ligar al espía Ciro James con la Policía Federal, para la cual trabajaba mientras figuraba también como abogado externo contratado en el área del Ministerio de Educación porteño.
A lo largo del escrito, Macri intenta demostrar que el juez «direccionó» la investigación para acusarlo, ya que, supuestamente, de cientos de escuchas descubre dos que podrían vincularlo, la efectuada a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de familiares de la AMIA, Sergio Burstein. Sin embargo, la mayoría de las pruebas procesales que solicita Macri ya fueron realizadas en la investigación.
La idea de los letrados que firmaron la presentación es apuntar a la presunta responsabilidad de la SIDE y la Policía Federal en la aparición del espía. Le agrega la petición de extender la pesquisa sobre pinchaduras analizando las que supuestamente se realizaron desde 2004. Entre los puntos principales de la presentación están los siguientes:
Desconozco las tareas concretas que llevan a cabo las personas que dependen de cada sector o ministerio del Gobierno en pos de alcanzar los objetivos de política general que dispongo como jefe de Gobierno. Cada ministerio contrata el personal que considera necesario y conveniente para el desarrollo de sus actividades sin intervención del jefe de Gobierno. Son los ministros quienes deciden en forma autónoma la incorporación o no de una persona, como también su remoción.
No existe previsión presupuestaria alguna de recursos públicos destinados a realizar tareas de inteligencia. De hecho, cuando se descubrieron las escuchas que son motivo de este proceso el Ministerio de Justicia y Seguridad inició los sumarios correspondientes.
Las constancias del expediente demuestran que James realizaba escuchas telefónicas en su tiempo libre y por iniciativa propia, al mismo tiempo que ostentaba cargos formales que le permitían ocultar esa actividad ilegítima. Y ello, en cuanto aquí interesa resaltar, fue a espaldas del Gobierno de la Ciudad. Yo mantengo con mi cuñado un trato cordial. No puede dejar de sorprenderme por lo tanto que haya sugerido que la intervención a su línea telefónica podría haber sido hecha por su intermedio. Nada más alejado de la realidad.
El interrogante que se impone es quién estaba en condiciones materiales de conocer la intervención al teléfono de Sergio Burstein en tiempo real (alude que presuntamente se detectó el mismo día de ser iniciada). El interrogante conduce sin duda a la Secretaría de Inteligencia de la Nación, a cargo de la intervención material en los hechos. Coloca en tela de juicio a la SIDE.
La denuncia (de escuchas a Burstein) se formuló mediante un llamado tele-fónico realizado a una seccional de la Policía Federal. Esto es algo que resulta inusual en este tipo de denuncias.
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