Piden protección a los testigos

La Procuración General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia su intervención para garantizar la seguridad de los testigos en causas por delitos de lesa humanidad y para que los represores detenidos sean alojados en cárceles comunes, sin «privilegios irritantes».

Los pedidos del Ministerio Público se basaron en ciertas irregularidades observadas en los tribunales de Formosa y en dependencias de las Fuerzas Armadas de Córdoba, según documentación presentada ante la Corte.

«Muchas veces, en las citaciones se pone en riesgo la integridad física de los testigos», afirma la circular elevada al máximo tribunal del Ministerio Público. Por eso, se advierte que «entre la información a la que en consecuencia tienen acceso todos los testigos citados y la fuerza de seguridad encargada de diligenciar la notificación está el nombre completo, domicilio, y fecha y hora en la que se prevé concurrirán al juicio a prestar declaración».

El Ministerio Público también se refiere a la detención en unidades militares o de fuerzas de seguridad de supuestos represores que pertenecieron a esas fuerzas, en lugar de unidades penitenciarias regulares, tal como lo dispone la Resolución 444 del 5 de mayo de 2006 del Ministerio de Defensa.