Piden que causas correntinas pasen a Justicia porteña

El juez federal Sergio Torres pidió que 21 causas por hechos de narcotráfico que se investigan en Corrientes queden a su cargo en el juzgado de Capital Federal, a raíz de las vinculaciones que habría con los recientes detenidos en Itatí, entre quienes está el intendente Roger Natividad Terán.

El juzgado de la Capital Federal pidió a sus pares de tres juzgados federales de la provincia que se inhiban de seguir interviniendo en esos expedientes y que todos se acumulen en su juzgado.

El pedido también fue hecho por los fiscales correntinos Flavio Ferrini y Carlos Schaefer con la colaboración del titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad Diego Iglesias, "teniendo en cuenta que la tramitación conjunta de las diversas causas asegura la celeridad procesal".

Torres es quien tiene a su cargo la investigación contra una asociación ilícita dedicada al narcotráfico en la localidad correntina de Itatí, en la cual fueron detenidos el intendente Terán y el vice Fabio Aquino, escándalo que salpica al gobernador de esa provincia, Ricardo Colombi.

En total hay 27 personas detenidas, entre ellas también policías locales y federales e integrantes de Gendarmería, y hay prófugas unas 13 personas.

Sospechas

Incluso, hay sospechas de connivencia para con los narcos por parte de la Justicia correntina, en especial el juzgado de Carlos Soto Dávila. Este magistrado se encuentra en el centro de atención por excarcelaciones sin fundamento de integrantes de bandas narcos hasta presuntos vínculos con entidades financieras ilegales e investigadas por lavado de activos, que están siendo evaluados en el Ministerio Público Fiscal.

Torres, al igual que los fiscales, reclaman al juzgado federal de Soto Dávila que se declare incompetente en 17 expedientes, al juzgado de Juan Vallejos 3 causas y al juzgado federal de Resistencia un caso, para que todos se acumulen en el juzgado de la Capital Federal.

"El trámite separado de aquellos legajos atenta contra la administración de justicia y la obligación de persecución de esos delitos, como así también contra la garantía de defensa en juicio de quienes se encuentran sospechados de cometer tales conductas de corte criminal", sostuvo Torres en la resolución.

"Las directivas previstas en la normativa tienden a que todos los hechos sean materia de un único juicio, lo que permite brindarle a las personas sometidas a proceso todos los aspectos que conforman la imputación, evitando la posibilidad de un juzgamiento múltiple y, sobre todo, resoluciones contradictorias sobre las mismas cuestiones puestas bajo examen del órgano jurisdiccional", agregó.