La investigación por la desaparición de Santiago Maldonado tuvo novedades de relevancia en el plano judicial durante la jornada de ayer. La familia del joven -que no deja de apuntar la responsabilidad política hacia la cúpula del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich- solicitó el apartamiento del juez federal de Esquel, Guido Otranto. El magistrado, antes de ser recusado, ordenó una reconstrucción del operativo sobre la Ruta 40 que intente reproducir las circunstancias en las que el joven fue visto por última vez, en medio del desalojo efectuado por Gendarmería Nacional sobre manifestantes de la comunidad mapuche. A su vez, la fiscal Silvina Ávila ya tiene en su poder los entrecruzamientos de llamados entre los gendarmes que estuvieron más próximos al lugar de los hechos, pieza clave de la pesquisa adelantada por Ámbito Financiero. La Cámara Federal porteña decidirá si el expediente por supuesto encubrimiento gubernamental a la fuerza viaja al sur o si será investigado en Comodoro Py, movimiento que es observado con atención desde la Casa Rosada.
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Otranto no resolvió sobre su apartamiento todavía. De rechazarlo, será la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que resuelva su continuidad. Javier Leal de Ibarra, uno de los camaristas más cercanos al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es el hombre fuerte de ese tribunal. Ayer declararon los gendarmes Marcos González, Sergio Rigonatto, Jorge Luis Fortunato y Daniel Orrego. Se suman a los tres que declararon un día antes, pero que poco aportaron al contexto del 1 de agosto, cuando Maldonado fue visto por última vez. Cuando finalice la ronda de testimoniales, dejando para último término a Neri Robledo, uno de los gendarmes que en un sumario interno aseguró haber impactado con una piedra en uno de los manifestantes (se investiga si Maldonado), se cotejarán con el resultado de los cruces telefónicos. La fiscal Ávila tiene en su poder 18 carpetas con la denominada "tira" de llamados entrantes, salientes y los horarios, cuya utilidad será posterior a la finalización de las testimoniales.
En la reconstrucción ordenada por Otranto, pedirán a los mapuches que describan el modo en el que -según denunciaron- habrían detenido a Maldonado y que expliquen cómo se desarrolló la primera inspección ordenada por la Justicia días después, en la que perros de la Policía de Chubut marcaron un recorrido y encontraron algunos efectos que pertenecerían al desaparecido, según informó un vocero del caso.
Ante el "nulo avance de la investigación", la familia del artesano pidió que intervenga un nuevo juez "imparcial y eficiente" que unifique todas las causas y que se reactive la intervención de expertos de Naciones Unidas, lo que fue descartado por el Gobierno. "Pedimos el acompañamiento de todos, sin divisiones ni especulaciones", advirtieron los familiares en un comunicado que pareció un mensaje tanto para el oficialismo como para la oposición, que ha vertebrado la campaña electoral en torno a este caso. Delgado insistió en que el juez Rodolfo Canicoba Corral debe investigar la supuesta responsabilidad del Gobierno. Resolverá la Cámara Federal. Para el fiscal, fue prematura la declaración de incompetencia y la causa por el supuesto encubrimiento para investigar acciones u omisiones delictivas de autoridades nacionales deben ser investigadas en la Capital Federal, donde tienen sede las autoridades denunciadas.
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