PJ vs. ultra-K, tensión por la “polimunicipal”

Alejandro Granados escuchó las quejas y las advertencias pero no dimensionó, delante del puñado de alcaldes que lo visitaron, que eso haría naufragar la ley. Fue lo que ocurrió: el proyecto para crear policías municipales en la provincia de Buenos Aires sufrió ayer otra dilación a raíz de tensiones sobre el proyecto entre los intendentes del PJ y los legisladores de La Cámpora.

El ministro de Seguridad y el jefe de Gabinete Alberto Pérez recibieron anteayer a un grupo de alcaldes que le hicieron observaciones sobre retoques introducidos, a partir de pedidos de los diputados neocamporistas, en el texto que obtuvo dictamen de la Comisión de Seguridad y estaba, hasta anteayer, para ser tratado en el recinto de la Cámara baja esta semana.

Quedó, ahora, en stand by para la próxima semana y se espera que el jefe del bloque del FpV, Francisco "Chino" Navarro y el presidente de la Cámara, Horacio González, intercedan para aplacar el tono "sobreideologizado", según la definición que circuló en Diputados, que le incorporaron los referentes del neocamporismo.

Terceto

Tendrá, además, que intervenir José Ottavis, vice del cuerpo con derecho a firma que el viernes pasado se trepó a la Secretaría General del PJ nacional. Ese trío tendrá que articular entre las pretensiones de los dirigentes ultra-K y los intendentes.

No parece, a priori, imposible. "Es una buena ley", dijo anoche uno de los alcaldes que se sentó con Granados y Pérez para, entre otros asuntos, revisar el texto final de la "polimunicipal", texto que terminó uniendo, aun con matices, a sectores del sciolismo con Nuevo Encuentro, ya que Marcelo Saín fue uno de los primeros impulsores del modelo de policías municipales, a pesar de que el año pasado se convirtió en un tema central de la campaña electoral de Sergio Massa y el Frente Renovador.

En Diputados, de hecho, el sciolismo y el massismo forcejearon por la autoría intelectual en el impulso de la ley. Finalmente, movió antes el sciolismo de la mano de Guido Lorenzino lo que generó una reacción del Frente Renovador. Ahora, sin embargo, la disputa es interna del kirchnerismo.

En el tironeo aparecieron varios asuntos, la mayoría "administrados", pero que generaron ruidos hacia adentro. Fueron impulsados por la diputada Lucía Portos que, en realidad, colectó los reclamos de los distintos legisladores del FpV.

Uno de los puntos tuvo que ver con plantear que el secretario de Seguridad -o la autoridad que por debajo del intendente se ponga al frente de la Policía local- tenga que ser refrendado por el Concejo Deliberante, modificación que requeriría incluso una reforma de la Ley Orgánica de las municipalidades.

El otro punto fue la imposición de que el responsable del área de seguridad municipal tenga que dar una exposición anual sobre lo hecho en la materia, una especie de autointerpelación, lo que tampoco aparece contemplado en el régimen municipal actual.

El tercer punto, entre los más complicados, se relacionó con la intención de aplicar el sistema de Iniciativa Popular que permita que con el 10% de las firmas de la localidad se pueda disponer la remoción del jefe policial.