Se trata de tres comprobantes emitidos por Diego Torres, exsocio de su esposo, Iñaki Urdangarín, en 2007 a Aizóon, una sociedad "pantalla" que era en un 50% propiedad de los duques de Palma.
En junio habían sido considerados "ficticios" por el Ministerio de Economía, que había afirmado que la compañía era un "mero instrumento para drenar recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus propietarios".
Si el Gobierno no hubiese cambiado ahora de opinión, la infanta habría incurrido en un delito fiscal entre 2007 y 2010. Con el nuevo criterio, la cifra defraudada no llega al límite de 120.000 euros con el que se constituye delito.
| Agencia ANSA |
