Se aprobó ayer, con amplio apoyo de la oposición, la ley de Seguridad que permite crear la nueva fuerza que será conducida por un civil.
Primera Policía. Horacio Rodriguez Larreta junto a Martín Ocampo, ayer al festejar la sanción de la ley integral de Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires.
Con más de cincuenta modificaciones a pedido de los distintos bloques de la oposición al PRO, se aprobó ayer en la Legislatura porteña la ley de Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, en una votación atípica para un tema trascendente como el definido. Es que la norma en general obtuvo 55 votos de los 59 diputados presentes en el recinto (un solo ausente), incluido el peronismo y el kirchnerismo residual, aunque en particular hubo desacuerdo en caso de algunos artículos.
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El proyecto que enviaron el jefe de Gobierno y el ministro Martín Ocampo prevé la fusión de la Policía Federal con la Metropolitana, una nueva estética y algunos cambios tanto para el sistema del que viene los federales como los metropolitanos.
Ya se había anunciado que la nueva Policía de la Ciudad será comandada por un civil, como la Metropolitana, aunque podría ser un exagente. Además los uniformados no manejarán tareas administrativas ni fondos, pero a diferencia de lo que ocurre ahora con la Policía local, podrán hacer horas adicionales como lo hace la Federal. Ese fue un punto de discordia entre el PRO y la oposición, por eso ese artículo contó con menos votos que en general. El legislador kirchnerista Gabriel Fuks y el bloque K que conduce Carlos Tomada, incorporaron artículos referidos al desempeño de los agentes, especialmente en manifestaciones. Fuks, al explicar la modalidad para manifestaciones, consideró además que "la ley es buena, le hemos agregado varios puntos pero lamento que hayan cedido a condiciones de la Policía otorgando los adicionales".
Según quedó la redacción final de la iniciativa -522 artículos, uno de forma, divididos en 8 libros y 32 cláusulas transitorias-, "la intervención policial en concentraciones o manifestaciones públicas debe garantizar el respeto y la protección de los derechos de los participantes" y "no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes". Es decir, además será "obligatorio para todo el personal policial interviniente en manifestaciones públicas portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes".
También a pedido del socialista Roy Cortina se incorporó un capítulo para la confección de un mapa del delito, necesario para diseñar programas de prevención.
En otro sentido, los 1200 bomberos que pasan a la Ciudad de la Policía Federal ya no serán parte de la Policía sino que integrarán una agencia especial para catástrofes y emergencias al estilo de los Estados Unidos. Por otra parte, no se permite la sindicalización de los policías, pero tampoco, por ahora, de los civiles de la fuerza. En cambio se creará la Defensoría de la Policía, como un organismo interno.
Otra prohibición que tendrá será la de "alojar niños y adolescentes, menores de dieciocho años, en comisarías".
Por otra parte, también se definió que fuera de su horario de trabajo, el policía "no está obligado a identificarse o intervenir".
"Tras 20 años de autonomía los porteños tendremos por primera vez nuestra seguridad en nuestras propias mano", consideró el radical Hernán Rossi, de la tropa de Martín Lousteau.
"Ojalá que con esta ley fundacional en materia de uno de los reclamos históricos para completar nuestra autonomía desterremos de la fuerza de seguridad propia todo tipo de connivencia vinculada al delito y a la impunidad", dijo el legislador Maximiliano Ferraro (Elisa Carrió).
En una conferencia posterior a la sanción, Rodríguez Larreta aseguró que la nueva fuerza comenzará a funcionar desde el 1 de enero próximo y "será una Policía de cercanía con el vecino, con el mejor equipamiento para hacer su trabajo y con tolerancia cero a los casos de corrupción".
"Hasta ahora el jefe de Gobierno tenía las manos atadas, ahora va a poder decidir sobre las cuestiones públicas en materia de seguridad. De este modo seguimos completando el proceso de autonomía", expresó el legislador Juan Pablo Arenaza (PRO) titular de la comisión de Seguridad.
La jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, destacó la "gran trascendencia institucional que representa un paso más en la consolidación de la autonomía de la Ciudad".
Además los legisladores sancionaron una ley que crea el Instituto Universitario de Seguridad para formar a los cuadros de oficiales superiores y de dirección y evaluará el nivel de desempeño de los policías y otros agentes.
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