20 de febrero 2009 - 00:00

Políticos contra jueces en tumultuosa reunión

El Consejo de la Magistratura dio inicio ayer a sus sesiones con un acalorado debate fuera de agenda por las demoras en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar, en el que se cruzaron fuertes acusaciones y reclamos entre los consejeros y el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo. La votación por unanimidad para la suspensión y el pedido de enjuiciamiento del juez José Solá Torino (punto principal en el orden del día) quedó así eclipsada por una discusión que todavía promete varios capítulos.
La calma en el primer plenario del Consejo duró poco: no habían pasado cinco minutos de la reunión cuando el consejero Pablo Mosca pidió hablar para hacer un planteo por fuera del temario del día. El abogado mostró así su preocupación por las declaraciones del camarista Eduardo Freiler, quien había afirmado en enero pasado que era evidente que «muchos jueces tratan de no ir a fondo» en las causas por delitos de lesa humanidad. Mosca señaló que se debería exigir «decoro y prudencia» a los jueces en sus declaraciones, y destacó que no se podían hacer acusaciones generales, sin constatarlas con las denuncias correspondientes, y eso fue suficiente para disparar la polémica.
La primera en salir al cruce fue la diputada kirchnerista, Diana Conti, quien destacó que existían «denuncias notorias» sobre el supuesto mal desempeño de los jueces de la Cámara de Casación (todas desestimadas por el cuerpo o aún en tratamiento). El énfasis sobre la discusión en torno a las causas por delitos de lesa humanidad provocó la reacción del consejero y diputado radical, Oscar Aguad, quien enfatizó que el mismo problema existía con las denuncias de corrupción, sin que nadie prestara atención al problema. «De hecho, el Consejo no hizo lugar a un pedido de informe al doctor Recondo sobre las investigaciones que no impulsan los jueces debido a presiones del poder», disparó el congresista opositor, lo que despertó una respuesta exasperada de Carlos Kunkel.
El consejero oficialista exclamó que estaban cansados de las declaraciones y que «si Recondo no presenta una denuncia correspondiente a sus dichos, hay que acusarlo por el delito de encubrimiento. Lo mismo va para Mosca, que miente, acusando en los medios sin presentar pruebas». El consejero abogado contestó el ataque reafirmando su posición de que «no se puede hablar en términos generales que desacreditan a todos los jueces», la misma línea que había planteado Recondo.
Polémica
El plenario se transformó así en una proyección de la polémica que circula en los ámbitos vinculados a la Justicia desde diciembre pasado, cuando los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenaron la liberación de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 11 ex militares acusados por presuntos crímenes de lesa humanidad, por falta de «plazo razonable» en su enjuiciamiento. El fallo generó una serie de cruces entre representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, así como enfrentamientos entre los jueces.
Antes de que el conflicto siguiera escalando, el presidente del Consejo, el camarista Luis María Bunge Campos, intervino para señalar que no era tarea de este Consejo «ser exégetas de declaraciones públicas. No perdamos el foco, que es analizar el trabajo de los jueces; si no nos transformamos en comentaristas de declaraciones públicas». Otro de los integrantes del estamento de los jueces, Luis María Cabral, reforzó este posicionamiento y señaló que tanto Freiler como Recondo estaban en todo su derecho de expresarse públicamente, aunque puntualizó que no era necesario que se refirieran «de manera agraviante y con acusaciones que de ninguna manera constan» respecto del presidente de la asociación (y compañero de lista de Cabral en la interna judicial).

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