Por coimas, forzó Rajoy la renuncia de un gobernador

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Madrid - El presidente del Gobierno regional de Valencia, Francisco Camps, uno de los «barones» más importantes del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, anunció ayer su renuncia tras conocerse que será juzgado por coima dentro de la trama de corrupción conocida como «caso Gürtel», que lo involucra hace dos años.

Camps, rodeado de sus principales colaboradores, aseguró ante la prensa que su renuncia es «un sacrificio personal» y se declaró «inocente, inocente, inocente» del delito que se le imputa.

Se trató de la primera aparición pública del jefe de la Generalitat de Valencia, de 49 años, desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anunciara el viernes último que sería procesado por delito de cohecho.

El hasta ahora poderoso político está acusado de haber recibido como regalo entre 2005 y 2008 trajes a medida por valor de 30.000 euros dentro de la «trama Gürtel». Pero la cuestión de los trajes es sólo la punta de un iceberg, ya que después de destaparse este escándalo en 2008 se develó una trama de financiación corrupta del PP a través de empresas afines a los conservadores que ya se saldó con la renuncia de alcaldes, concejales y diputados. También está acusado por la trama el extesorero nacional del PP y exsenador Luis Bárcenas.

Lo paradójico es que el escándalo no afectó la popularidad de Camps, que fue reelecto en Valencia (cuarta comunidad autónoma por cantidad de habitantes) el 22 de mayo pasado, ni de casi ninguno de los involucrados.


Camps inicialmente había asegurado que no renunciaría aunque fuese procesado y afirmó ayer que su decisión es «personal y firme». El dirigente, cuya relación con Rajoy se había enfriado en el último año, rechazó las «infamias y las insidias» que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el cargo.

«No podrán demostrar nada, porque no hay nada», afirmó, al criticar el «sistema brutal» que lo acusa.

Rajoy llevaba varios días negociando con Camps una salida a esta situación a través de dos opciones: admitir su culpabilidad y pagar una multa de 41.250 euros, evitando así sentarse en el banquillo de los acusados, o renunciar. El acusado había informado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que se declararía culpable, pero finalmente decidió renunciar y se afirmó inocente.

De ser encontrado culpable por el Tribunal, el político valenciano podría ser condenado a una inhabilitación de tres años y entre seis meses, y a un año de prisión.

Dos de los cuatro imputados, el exvicepresidente del Gobierno regional Víctor Campos y el exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, se declararon ayer culpables y aceptaron la máxima multa, en la línea de lo propuesto por el PP nacional. El principal escollo en esta estrategia fue otro imputado, el exsecretario del PP de Valencia y diputado valenciano Ricardo Costa, quien no se presentó ante el Tribunal. La declaración de culpabilidad de todos los imputados era la única vía para evitar el juicio.

Así, tras más de ocho años en el poder y a poco de iniciar su tercer mandato, Camps se expondrá a juicio en la próxima primavera boreal, algo que podría afectar al PP durante la campaña electoral para los comicios previstos, en principio, para marzo de 2012, en los que Rajoy tiene todas las chances de ganar frente al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según dijo el diario El Mundo, Rajoy hizo optar a Camps entre «la indignidad y la dimisión». «Quizá su mujer y sus hijos le dijeron que no podía aceptar el oprobio de arrastrarse por el fango porque no podría volver a salir a la calle», dijo el diario de centroderecha.

«Camps se debatió durante toda la mañana entre la vida y la muerte. O, mejor dicho, entre la muerte y la muerte. La dirección del PP le puso una pistola encima de la mesa para que la usara. Y Camps decidió usarla, disparando contra su cargo público, no contra sí mismo», agregó.

El principal imputado en el escándalo de corrupción es Francisco Correa, un empresario que durante el mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (1996-2004) organizaba los actos electorales y otros eventos del PP, y que después siguió haciendo negocios con este partido, sobre todo en Madrid y Valencia.

Correa y sus cómplices están acusados de haber recibido jugosos contratos en municipios gobernados por el PP a cambio del pago de coimas. El caso, un tema de primera línea en el enfrentamiento político entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del débil José Luis Rodríguez Zapatero, fue destapado por el juez Baltasar Garzón a comienzos de 2009, y se conoce por el nombre de «Gürtel» por ser la traducción al alemán de «correa».

En una primera reacción desde el Gobierno socialista, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó la dimisión de Camps de «acto congruente, la consecuencia más lógica de admitir una responsabilidad penal».

Por su parte, Rajoy habló de «un ejercicio de generosidad y de responsabilidad» que «contribuye a mejorar la imagen y el prestigio de las instituciones» valencianas y españolas.

«Ha sido, es y será un extraordinario del PP y un gran amigo», aseguró Rajoy.

Impulsado por un sector del PP y por la prensa conservadora, Rajoy había brindado apoyo público a Camps en numerosas oportunidades, aunque últimamente la relación estaba casi congelada. «Afecta a la inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres trajes», había dicho Rajoy, recordó ayer el diario afín al PSOE El País.

Camps era presidente de la Comunidad Valenciana desde 2003. Pese a la grave imputación judicial, consiguió su reelección por mayoría absoluta en su región en las elecciones autonómicas del 22 de mayo pasado y abandona el cargo tras ser el presidente más votado en la historia de la Comunidad Valenciana.

Hasta ayer, los únicos implicados del «caso Gürtel» que se encuentran en prisión son el mismo Correa y su presunto «número dos», Pablo Crespo. El juez ofreció en junio a Correa salir en libertad a cambio de una fianza de 15 millones de euros, pero hasta la fecha sigue en prisión, al igual que Crespo, que no logró reunir los 600.000 euros que se le exigían como fianza.

Agencias DPA, AFP y Télam, y Ámbito Financiero

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