Por los amparos, el Gobierno pide a la Corte que intervenga

 El Gobierno pidió ayer a la Corte Suprema que intervenga en la causa que inició Chubut para solicitar la inconstitucionalidad de las resoluciones sobre las tarifas de gas y que derivó en principio en la suspensión de las subas. La presentación, hecha por el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, se interpreta como un virtual pedido de "per saltum" aunque intenta fundamentarse en la "competencia originaria" de la Corte para intervenir en un conflicto judicial entre el Gobierno nacional y el de una provincia.

El 23 de mayo el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, hizo lugar a la demanda del Gobierno de Chubut contra el Enargas y la empresa Camuzzi Gas del Sur contra el aumento de tarifas de gas. La provincia reclamó la inconstitucionalidad de las resoluciones 28 y 31 de 2016 del Ministerio de Energía y la I-3733/2016 del Enargas por las cuales se dispuso el alza, y el juez dictó una medida cautelar ordenando la suspensión de los nuevos cuadros tarifarios. El procurador consideró que el juez Sastre "ha extralimitado su competencia". Argumentó su pedido en base a jurisprudencia que da cuenta que cuando existe un conflicto judicial entre una provincia y el Estado nacional, es a la Corte a la que corresponde la competencia originaria del caso.

"Esta parte sostiene que el señor juez federal de Rawson es incompetente para entender en las actuaciones citadas, debiendo así declararlo V.E. y ordenar la remisión de los autos para su tramitación ante esta Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo el procurador.

Hasta ahora hay amparos que frenan los aumentos en las facturas de gas en Santa Cruz, Chubut, Bariloche, Mendoza y ayer se sumó San Luis, siendo en general solicitantes los gobiernos locales. A esto hay que añadirle numerosas presentaciones que están a la espera de resolución, como la de medio millar de usuarios que se presentó en Córdoba en forma colectiva. El Gobierno parece temer que los aumentos queden frenados en buena parte del país y que se extienda el costo político de la medida.