Por qué la amnistía quedó en pie

Montevideo - Por segunda vez en 20 años, los uruguayos ratificaron el domingo la vigencia de la ley que evitó juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), en clara señal de querer dar vuelta una de sus páginas más oscuras, según analistas.

«Evidentemente en la ciudadanía uruguaya no hay voluntad de sacar la ley 20 años después», subrayó Jaime Yaffé, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.

El domingo, junto con los comicios presidenciales y legislativos que llevaron a segunda vuelta el 29 de noviembre al ex guerrillero José Mujica y al liberal Luis Lacalle, se realizó un plebiscito para anular la denominada Ley de Caducidad.

Según cifras oficiales de la Corte Electoral, la iniciativa, apoyada por la izquierda recibió una adhesión del 47,36% de los votos, cuando necesitaba más del 50% para su aprobación.

Durante el actual Gobierno de Tabaré Vázquez y en el marco de dicha norma, fueron condenados 10 ex militares y policías -entre ellos, el ex dictador Gregorio Álvarez (1981-1985)- a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, y procesado el ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976).

La ley, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986 y ratificada en un primer plebiscito celebrado en abril de 1989.

Asimismo, la SCJ la declaró hace una semana inconstitucional para el caso concreto de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974 en una unidad militar.

«En 1989 había temor. Ahora no es el caso, y no es que estén encantados con la ley, pero la gente quiere dar vuelta la página y (pensó que) parecía innecesaria su anulación», dijo el analista y director de la consultora Interconsult, Juan Carlos Doyenart.

De su lado, el escritor y analista Alfonso Lessa aseveró que «es un tema ya laudado» y opinó que «no hubo una campaña entusiasta de la izquierda para la anulación, porque quizás a un segundo Gobierno del Frente Amplio lo podía complicar».

Desde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, en tanto, se atribuyó el insuficiente número de sufragios a la «falta de capacidad para entregarle un mensaje claro a la población».

Agencia AFP