Según las investigaciones, se sospecha que Alstom pagó un 15 % como soborno por la ampliación, en 1998 y sin proceso de licitación mediante, del contrato suscripto en julio de 1990, y de acuerdo con el fiscal de Justicia del Patrimonio Público y Social de San Pablo, José Carlos Blat, se espera recuperar parte del dinero desviado.
"Si no hay licitación, es un contrato que no podría ser celebrado (...) El contrato ya nace totalmente ilegal", declaró el fiscal en una rueda de prensa.
La Justicia brasileña ordenó el lunes el embargo de bienes de ocho personas físicas y de tres empresas, entre ellas Alstom, por un valor de unos
u$s 103,9 millones, que equivalen a un cuarto del valor total del contrato. El contrato fue suscripto entre Eletropaulo y Cegelec, controlada por el grupo Alstom, para la modernización de la transmisión de energía a través de la ampliación de las subestaciones, un proyecto al que se denominó Gisel II.
Entre las personas físicas a las que les fueron bloqueados bienes está el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de San Pablo Robson Marinho, quien está separado temporalmente del cargo.
| Agencia Efe |
