La Justicia de Jujuy suspendió anoche el inicio del proceso oral contra la dirigente de la Tupac Amaru.
Toma. La protesta de las agrupaciones sociales se extendió desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2016.
La dirigente social Milagro Sala y la organización que lidera, Tupac Amaru, como persona jurídica, serán juzgadas en Jujuy por la ocupación del espacio público y alteración del orden, a raíz del acampe y protesta que llevaron adelante durante 51 días en la Plaza Belgrano, de esa ciudad, entre diciembre y febrero pasado.
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El juicio oral y público se celebrará en la sede del juzgado Contravencional, a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, a donde los supuestos imputados, Sala y la Tupac Amaru, están citados para ejercer el derecho de defensa.
"La imputación contra Sala es por violar el artículo 113 y artículo 7 del Código Contravencional (CC) que refiere a la ocupación del espacio público y alteración del orden, lo que significó el hecho del acampe, y por el cual se está investigando esta causa", dijo Ustarez Carrillo.
También se va a dilucidar la participación de la persona jurídica, en este caso la agrupación, que también está imputada.
Se van a ventilar desde hoy distintos ofrecimientos de prueba, entre ellos, los testimonios del secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma a nivel nacional, Fernando Acosta; José del Frari, secretario general de Adiunju; Anabel Yaciancia, de ATE Jujuy, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz y diputado nacional mandato cumplido, Horacio Pietragalla, todos por parte de la Tupac Amaru.
Desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016, la Red de Organizaciones Sociales realizó un acampe en Plaza Belgrano, para reclamar al Gobierno provincial, según la Tupac Amaru, la apertura de una instancia de diálogo y por la continuidad de miles de puestos de trabajo.
Debido a la protesta, comerciantes ubicados alrededor de la plaza resultaron damnificados y en su momento fueron resarcidos económicamente por el Gobierno.
El diputado provincial Ariel Ruarte, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala, señaló que "el derecho a la libre expresión, de petición a las autoridades y de reunión son de indiscutido rango constitucional".
Ruarte aseguró que aquella manifestación "fue pacífica" y "constituyó un uso tan legítimo del espacio público como lo son las actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas".
La dirigente permanece detenida en la cárcel Alto Comedero, imputada en diversas causas por presunto manejo irregular de fondos nacionales destinados a planes de viviendas, entre otras acusaciones.
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