Premio consuelo en agencia nuclear

El país enviará al actual jefe de Coordinación Política de la Cancillería, ministro de primera Rafael Grossi, a ocupar el puesto de jefe de gabinete del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Esta agencia fue creada en 1957, dentro del sistema de las Naciones Unidas, para promover el uso pacífico de la tecnología nuclear y prevenir su manipulación en el desarrollo de arsenales atómicos.

El diplomático argentino llega a un cargo de segunda línea en el staff del director de la AIEA, el japonés Yukiya Amano, pero tendrá acceso y gestión en tópicos de la agenda sensible del organismo. Amano también estrena mandato, asumió a fines de noviembre de 2009 y, en los laberintos diplomáticos internacionales, se dice que hubo dos postulaciones fallidas para ese cargo top: la del canciller brasileño Celso Amorim y la del embajador argentino Rogelio Pfirter, actual director de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), brazo de Naciones Unidas con sede en La Haya.

Ironías del destino, no llegó Pfirter -de doble amorío entre radicales y menemistas-, pero sí se coló Grossi, un discípulo que Pfirter eligió y formó (gestionó más de un año con licencia sin goce de haberes) en el mismo destino internacional de La Haya.

En una simplificación política se diría que AIEA debe lidiar entre actores con orientación proliferante y no proliferante. En la actualidad el foco está puesto sobre Irán, la comunidad internacional tiene sospechas sobre la orientación de su programa de desarrollo nuclear.

A prueba

Este será uno de los temas calientes que pondrá a prueba al designado Grossi, pues representa a la Argentina de la administración Kirchner.

Desde el comienzo, Néstor y después Cristina de Kirchner ataron el país a la orientación exterior del bolivariano Hugo Chávez, quien acaba de cerrar un pacto estratégico con Irán. El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, hizo una gira en noviembre de 2009 por Brasil, Bolivia y Venezuela con el objetivo de ampliar sus acuerdos para aliviar los efectos de las sanciones económicas impuestas contra Teherán y buscar apoyo para su programa nuclear. El viaje se hizo cuatro días antes de la reunión cumbre de AIEA (27 de noviembre) en la que se analizó el comportamiento de Irán en su desarrollo nuclear. Tres países votaron por no condenar a Irán; fueron Cuba, Venezuela y Malasia. En tanto, seis se abstuvieron: Afganistán, Brasil, Egipto, Pakistán, Sudáfrica y Turquía. Los 25 países restantes del board de miembros, entre los que están la Argentina, Estados Unidos, Francia, China, Alemania, Rusia y Gran Bretaña, alinearon su voto a favor de la condena a Teherán por la falta de transparencia en la difusión de su programa nuclear (desarrolló en secreto una instalación de enriquecimiento de uranio). Después de la condena, el presidente iraní redobló la apuesta y anunció al mundo que su país construirá 10 nuevas plantas de uranio. Irán aseguró que el desarrollo tiene fines energéticos pacíficos, pero buena parte de la comunidad internacional -representada en esa agencia nuclear mundial- cree que será para arsenal atómico. «No se puede objetar el progreso en el manejo nuclear de un país, pero lo que se sospecha es el fin último de esa tecnología», comentó un experto de larga gestión en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El país tiene sobrados argumentos para recelar, padeció dos atentados terroristas (Embajada de Israel y AMIA) y la Justicia responsabilizó a ex funcionarios iraníes por la presunta participación en el operativo que destruyó la mutual de la comunidad israelita argentina.

Ayer el canciller Jorge Taiana expresó que «este nombramiento reviste especial importancia para la Argentina, en un momento en el que la actividad nuclear en nuestro país y en el mundo adquiere un impulso renovado». «Es uno de los pocos países productores y exportadores de tecnología y material nuclear, a cargo de la CNEA y de INVAP», agregó Taiana.

La AIEA basa su actividad en tres principios: la seguridad física de materiales e instalaciones respecto de potenciales actos delictivos o terroristas; la llamada seguridad nuclear, es decir, el conjunto de medidas de prevención para que las actividades nucleares no afecten a los seres humanos y a su hábitat, y las salvaguardias, que implican la verificación del compromiso de los Estados de abstenerse de un eventual desvío hacia fines bélicos.