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Presos: Cornejo busca destrabar tensión por fallo
Alfredo Cornejo
"Tenemos mucho respeto por la división de poderes y una intención de armonía con la Corte -de Justicia local-, pero este fallo nos preocupa mucho", advirtió Cornejo tras reunirse anteayer para analizar el tema junto a la vicegobernadora, Laura Montero; el ministro de Seguridad, Gianni Vennier; el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, y autoridades legislativas, entre otros.
El asunto llegó incluso a la órbita del Gobierno de Mauricio Macri, que activó el viernes último una teleconferencia en la participaron, entre otros, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el propio Cornejo.
Después de los cuestionamientos tanto a nivel provincial como nacional, la Suprema Corte de Mendoza dejó en claro que con su decisión "no ha venido a abolir alguna norma constitucional, penal, procesal o de seguridad" ya que "no ordena la libertad de personas detenidas con condena firme o con prisión preventiva dictada por juez competente, ni personas detenidas por orden de detención del Ministerio Público Fiscal, sino que tiene por objeto regularizar estas últimas órdenes de detención, las que deberán ser dispuestas en tiempo oportuno y conforme a la ley".
Según el máximo organismo de Justicia provincial, se busca "armonizar la realidad de las detenciones y prisiones preventivas con las exigencias de una sociedad que reconoce el derecho como pauta fundamental para su organización y funcionamiento".
La Corte de Mendoza también señaló que "no es legal que existan personas detenidas sin orden de juez competente por largos períodos de tiempo y, en razón de ello, se han dispuesto judicialmente los procedimientos indispensables para garantizar la inmediata actuación del juez, tal como lo exigen las leyes procesales vigentes, la Constitución de Mendoza de 1916 y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional".
Cornejo dejó claro que "el fallo tiene plazos perentorios inalcanzables para el trabajo de nuestra fuerza de seguridad, que deben reunir en 24 horas todos los elementos probatorios para que el fiscal pueda dejar privado de la libertad al sospechoso de un delito".


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