14 de noviembre 2013 - 00:00

Previsible: fiscal de causa AMIA criticó acuerdo con Irán (ahora define Canicoba)

Alberto Nisman, Rodolfo Canicoba Corral y Alejandra Gils Carbó
Alberto Nisman, Rodolfo Canicoba Corral y Alejandra Gils Carbó
El fiscal federal Alberto Nisman pidió ayer la inconstitucionalidad del memorando firmado con Irán para que la Justicia argentina pueda interrogar en Teherán a los sospechosos de cometer el atentado contra la AMIA en 1994.

Lo realizó mediante un dictamen presentado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, al considerar que el memorando es una clara "intromisión" del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Justicia, y que eso atenta contra la independencia de dicho poder.

El fiscal planteó en su escrito que el acuerdo viola el artículo 109 de la Constitución nacional, que impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, y también el artículo 27, que prevé que los tratados que se firmen con potencias extranjeras deben estar de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución nacional.

Para el fiscal de la unidad especial, el memorando es una "afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia", y pidió que sea declarado inconstitucional tal cual reclamaron las entidades judías, en un escrito presentado tiempo atrás ante el juez y que demoró por haber quedado sujeto a contiendas de competencia con el fuero en lo contencioso administrativo federal.

Con argumentos similares a los presentados por la AMIA y la DAIA, Nisman alertó que la aplicación del memorando es un "avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y tratados internacionales".

"Ello acarrea responsabilidad internacional del Estado argentino, que corre un serio riesgo de ser sancionado por organismos internacionales de derechos humanos",
agregó.

Expertos

El fiscal también evaluó el rol de la llamada "comisión de la verdad", cuya formación contempla el acuerdo, y que está compuesta por un grupo de expertos dedicados a analizar las pruebas en contra de los iraníes imputados, muchos de ellos funcionarios en actividad.

Para Nisman, ese órgano es "inconstitucional, por tratarse de un órgano político" que interferiría con el juez del caso.

"Insólitamente se encuentra facultada para recibir evidencia, revisarla, efectuar un análisis detallado de la prueba de cada uno de los acusados y recolectar material probatorio",
se quejó en su planteo.

En los párrafos más algidos, expresó que en lugar de lograr que los sospechosos sean extraditados para ser juzgados en la Argentina, el memorando daría lugar a planteos de nulidad posteriores, lo que podría hacer caer la causa, al tiempo que "impactará directamente sobre la posibilidad de preservar el debido proceso legal".

Al mismo tiempo, aclaró que acatará la orden de viajar a Irán si finalmente el tribunal falla en sentido contrario a su dictamen y agregó: "En la medida en que se garantice que el proceso se hace según la Constitución yo no tengo problema".

Nisman
también señaló que, antes de emitirlo, puso en aviso de su dictamen a la jefa de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó, quien "siempre se ha interesado en el tema".

"Si hay pasajes que parecen duros es porque lo amerita la gravedad de la situación", se atajó Nisman sobre su dictamen y agregó que está "tranquilo" por su trabajo de investigación del atentado a la AMIA: "No tengo la menor duda de que hice lo correcto", apuntó.

En tanto, el juez Canicoba Corral espera la respuesta por parte de los abogados del Gobierno luego del planteo de inconstitucionalidad que hicieron las entidades judías AMIA y DAIA.

El juez había pedido años atrás la captura por el atentado a la mutual judía en julio de 1994 de Ahmah VAhidi, actual ministro de Defensa de Irán; el exconsejero cultural de la embajada en la Argentina Mohsen Rabbani; el expresidente iraní Ali Akbar Ashemi; el exministro de Inteligencia Ali FAllahijan; el excanciller Ali Akbar Velayati y el exjefe de la Guardia Revolucionaria Moshen Rezai, entre otros.

El acuerdo entre Argentina e Irán para avanzar en la investigación del atentado fue firmado en enero por los cancilleres de ambos países y ratificado el 28 de febrero por el Congreso, para luego ser sancionado por el Poder Ejecutivo a través de la ley 26.842.

El canciller Héctor Timerman defendió repetidas veces los alcances que podría tener el acuerdo como "el camino para resolver la causa" al permitir, entre otras cosas, que el juez argentino indague a exfuncionarios iraníes acusados de participar del atentado a la mutual judía, algo que Irán resistió hasta el momento.

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