PRO-gate: jefe del espía tambalea ya en su cargo

El escándalo de las escuchas telefónicas que investiga el juez Norberto Oyarbide se cobraría la primera baja en el Gobierno de Mauricio Macri, donde estaba contratado el principal sospecho del caso, Ciro James, imputado de intervenir las comunicaciones del dirigente de la AMIA, Sergio Burstein (ver nota aparte).

Los abogados del Gobierno porteño aseguraban ayer no haber recibido aún la citación de Oyarbide para Roberto Ayub, el auditor interno del área educativa que mantenía bajo su órbita laboral al presunto espía, detenido el pasado 5 de octubre en el marco de la investigación.

La semana pasada, tras el allanamiento ordenado por el magistrado al domicilio de James donde se secuestró el contrato que mantenía con el Gobierno de la Ciudad y aparatos para las escuchas, fue citado a declarar Carlo Lelio, jefe de personal en el Gobierno de Macri. El funcionario explicó sobre la cantidad de agentes que mantiene la administración y negó conocer a James. Por eso Oyarbide quiere hablar con Ayub, para que explique cómo llegó el presunto espía a integrar el staf de la auditoría interna docente bajo su mando y qué tareas realizaba.

Oyarbide no es el único que pedirá explicaciones a Ayub, un radical que vino ocupando cargos como auditor, interrumpidamente, en el Gobierno porteño de Fernando de la Rúa, en el de Jorge Telerman y luego en el de Macri. Supo militar en la porción de la UCR porteña que hegemonizaba Jesús Rodríguez, hasta que cortó lazos con ese dirigente. Se enfrentó entonces al punto, recuerdan algunos radicales hoy, que en su zona de influencia, Villa Devoto, le ganó una dura interna partidaria a quien fuera el principal ladero de Rodríguez, Roberto Vázquez, ex legislador fallecido en un accidente de tránsito. Este licenciado en Economía y secretario de Extensión Universitaria de la Universidad de La Matanza, es sindicado -en el área del Ministerio de Educación que conduce Mariano Nadorowski- como la persona que llevó al abogado de la Policía Federal, James, a trabajar al Gobierno de la Ciudad. Es más, consienten que lo habría hecho por «conocerlo de La Matanza». En tanto, radicales PRO de la Legislatura porteña niegan vinculación con Ayub.

James, en la extensión de su indagatoria del viernes, se habría justificado diciendo que asesoraba a la jefa del gabinete del ministro, quien también sería requerida por la Justicia.

Pero, en el Gobierno macrista esperan otro tipo de explicaciones a las que ya habría dado Ayub sin poder convencer. Por eso Narodowski definirá mañana con Macri la remoción del funcionario de su cargo. La principal cuestión que le endilgan es que durante toda la semana pasada, desde que se conoció la detención de James y se lo relacionó con el ex jefe de la Policía porteña, Jorge «Fino» Palacios, el Gobierno porteño salió a negar que el sospechoso trabajara en la gestión.

Inclusive se asegura que el jueves pasado, tras conocerse el resultado del allanamiento y una denuncia pública del legislador Aníbal Ibarra, el ministro de Educación terminó sorprendido. No entienden cómo Ayub, que sería el jefe de James, no advirtió sobre lo que sucedía e hizo resbalar con declaraciones a los voceros de Macri y algunos de sus ministros. A eso se agrega que el titular de Seguridad, Guillermo Montenegro, también negó que James estuviera contratado en la Policía Metropolitana, pero el jefe a cargo de los agentes, Osvaldo Chamorro debió aclarar ante el pedido de Oyarbide que «estaba preseleccionado» para ingresar a la fuerza.

De esa manera el desplazamiento de Ayub de la auditoría sería inminente, por su presunta responsabilidad en ocultar semejante dato al propio Macri y más allá de las respuestas que el funcionario pueda brindarle a Oyharbide.

La profundización del magistrado sobre la labor de James en el Gobierno porteño, tendría relación con las advertencias a Burstein que desencadenaron el expediente. Todo comenzó cuando el dirigente de la AMIA fue alertado por un llamado anónimo sobre que Palacios -por entonces jefe de la Policía de Macri y actualmente procesado por supuesta obstrucción en la investigación del atentado a la AMIA- le pinchaba el teléfono. En el juzgado buscarían qué relación hay en el contrato que James mantenía en Educación -desde diciembre de 2007 hasta el día de su detención-, Palacio y las escuchas, supuestamente para descifrar si realizaba el espionaje era pago con el contrato de locación de servicios porteño.