PRO quiere resurrección de la responsabilidad civil de jueces

“Se cuidarán más de permitir liberaciones o permisos sin que correspondan”, dijo la jefa de bloque en el Senado, Laura Rodríguez Machado.

Suma debate. La jefa del bloque del PRO en el Senado, Laura Rodríguez Machado, presentará entre hoy y mañana el proyecto para reactivar la responsabilidad civil de jueces.

Mientras el Senado espera a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para dar inicio en los próximos días a un debate sobre el endurecimiento del régimen de excarcelaciones, la jefa del PRO en esa cámara, Laura Rodríguez Machado, presentará entre hoy y mañana un proyecto para reinstalar la responsabilidad civil de los jueces.

Para encontrar los cimientos de la discusión que intentará refrescar la legisladora cordobesa, hay que retrotraerse al Código Civil y Comercial impulsado por el kirchnerismo, que dinamitó en el recinto gracias a su mayoría de votos la responsabilidad del Estado.

De hecho, la exintegrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y coautora del Código en cuestión, Aída Kemelmajer de Carlucci, rechazó el movimiento del entonces oficialista Frente para la Victoria.

"Si una actividad es cumplida tanto por los particulares como por el Estado, y alguien resulta dañado con motivo de esa actividad (por ejemplo, culpa médica cometida en un hospital público o en un sanatorio privado) o con motivo de hechos que son iguales (por ejemplo, un accidente de tránsito protagonizado por un automotor de propiedad del Estado o de los particulares) no hay razones para que el dañado reciba un distinto tratamiento legal", señaló la experta jurista a un medio nacional en 2014.

Kemelmajer de Carlucci también dijo que "es absurdo decir que un accidente de tránsito protagonizado por un auto que pertenece a un municipio es una 'falta del servicio administrativo'...", y agregó: "Por eso, el anteproyecto contenía, como el Código Civil de Vélez Sarsfield, normas relativas a esa responsabilidad. El Poder Ejecutivo decidió eliminar esos artículos y envió un proyecto que hoy es la Ley 26.944, que da un régimen específico a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos y que, reconociendo que ésta es materia no delegada por las provincias, las autorizaría a tener su propio régimen, aunque invita a adherirse al texto de esa ley. Obviamente es la decisión del Poder Legislativo, que no comparto, pero es ley".

Responsabilidades

La Ley 26.944 sancionada en julio de 2014 marca, en su quinto artículo, que "la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional", y que "en ningún caso procede la reparación del lucro cesante". Además destaca: "La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas".

Ese artículo deja en claro que "los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización". Para Rodríguez Machado, que durante los últimos días analizó junto a sus asesores esta cuestión, esa "actividad judicial legítima" podría ser una sentencia o una resolución judicial cuestionable, como la del juez de Ejecución de Penas Carlos Alfredo Rossi a favor de Sebastián José Luis Wagner, quien ya se declaró días atrás como el responsable del salvaje crimen de la menor Micaela García.

La jefa de bloque del PRO en el Senado buscará aprovechar el impulso que traerá el debate sobre el nuevo régimen de excarcelaciones para agregar la responsabilidad civil de jueces. "Así, los magistrados se cuidarán mucho más de permitir liberaciones o permisos sin que correspondan", aseguró la legisladora.

Rodríguez Machado explicó: "Las restricciones que sancionaremos en el Senado limitan el acceso al período de prueba de la libertad condicional y asistida, establece mayores exigencias en la conducta, más tiempo de condena cumplida y dispone que las salidas transitorias sean siempre supervisadas. Si bien estas medidas permiten ejercer un mayor control sobre las salidas transitorias y libertades condicionales, es necesario también que los jueces asuman la responsabilidad por las decisiones erróneas que tomen en relación a estos beneficios de los condenados".