26 de junio 2012 - 00:00

Problemas con proveedores

La desaceleración de los envíos de coparticipación y de las recaudaciones locales obligó a las provincias a encarar nuevos ajustes en los gastos públicos y, también, a tomar medidas adicionales para asegurarse fondos extras. Entre otras cosas, uno de los frentes en los que se advierten complicaciones es el pago a los proveedores y contratistas.

En Mendoza, por caso, crece la preocupación porque ya se registran atrasos en los pagos de entre cinco y ocho meses.

«Este mes hemos tenido que hacer varias restricciones y demorar pagos a proveedores, para pagar en tiempo y forma aguinaldo y sueldos», admitió el gobernador Francisco Pérez días atrás.

Es por eso que muchos de los afectados definieron hoy congregarse en la Casa de Gobierno local para solicitar respuestas concretas antes de tomar decisiones más drásticas como, por ejemplo, interrumpir las prestaciones.

En Santa Fe, en tanto, la demora en el pago a empresas contratistas motivó 150 despidos de la firma Dycasa de obreros de la construcción, que estaban abocados a la obra de un centro de especialidades médicas ambulatorias conocido como CEMAFE.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina convocó a sus delegados y con los mismos trabajadores desempleados decidieron ayer no ingresar a la obra y cortaron el tránsito en la ciudad capital. Los gremialistas pretenden mantener el piquete «hasta que nos den una respuesta» y hoy encabezarán una movilización a primera hora hacia la Casa Gris.

Desde la gestión de Antonio Bonfatti, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Julio Schneider, dijo que el conflicto «lo deberían aclarar entre la UOCRA y la empresa», aunque confirmó que la provincia le debe certificados desde diciembre del año pasado a la compañía, más enero, febrero, marzo y abril.

«Lo que le propusimos es cancelar la deuda a marzo a partir de junio de manera escalonada y eso es lo que estamos acordando con la empresa y con todos los contratistas de obra pública en la provincia», aclaró el funcionario, y agregó que «luego se analizará específicamente obra por obra para ver el ritmo que lleva para cancelar lo que se certifica».

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