Procesamiento a Moreno por las consultoras

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue procesado ayer por orden del juez federal Claudio Bonadío, que lo acusó por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" en la causa en la que se investigan las multas aplicadas por el funcionario a consultoras que miden la inflación. El magistrado también procesó a dos subordinados de Moreno y a los tres les impuso un embargo por 50 mil pesos. En todos los casos las medidas fueron sin prisión preventiva. El ministro de Justicia, Julio Alak, rechazó la medida por entender que Moreno cumplió su función y juzgó "llamativo" que fuese poco antes de las elecciones legislativas.

El magistrado, uno de los más activos en los últimos tiempos en causas que involucran a funcionarios, investiga la denuncia presentada por el economista Jorge Todesca, exviceministro de Economía y titular de la consultora Finsoport, en contra de Moreno por entender que abusó de su posición al imponerle una multa de 500 mil pesos a su empresa y a otras dedicadas a la medición de la evolución de los precios. Las sanciones ya habían sido anuladas por la Justicia en lo Contencioso Administrativo.

De este modo, Moreno pasó desde ayer a integrar la acotadísima lista de funcionarios de primera línea que, así como el secretario de Energía, Daniel Cameron, fueron sometidos a proceso durante el ejercicio de la función pública. Junto al secretario fueron alcanzados por la misma resolución el director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro, y el director nacional de Lealtad Comercial, Adalberto Guillermo Rotella, en tanto que fue sobreseído Guillermo David, funcionario de la misma repartición.

Todesca había denunciado que Finsoport fue víctima de "una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados". Se refería así a la difusión de índices de evolución de precios paralelos a los del INDEC. Desde aquellas multas, las consultoras comenzaron a viabilizar la información a través de diputados de la oposición, que inauguraron entonces la comunicación mensual de la denominada "inflación Congreso".

En su resolución, Bonadío entendió que "los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido". Y agregó: "Se la multó (a la consultora) con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente (la ley de Lealtad Comercial), y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocido por los propios responsables -sólo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión- no es mucho lo que a ello puede agregarse".

En un párrafo el magistrado señaló que "la arbitrariedad de los funcionarios y su intención maliciosa" también quedó de manifiesto "en la violación al derecho de los particulares a exponer sus opiniones (que no es otro que el derecho a la libertad de expresión) independientemente de la pretendida cobertura científica que ella tenga como soporte". Y aprovechó para brindar su propia objeción velada a los números del INDEC: "Demás está decir lo discutible que puede ser este exigido y pretendido rigor metodológico cuando los parámetros que lo nutre son susceptibles de ser a su vez cuestionado no sólo en cuanto a la forma de utilizarlo sino también de nutrirlo de la información con la cual se elabora".

El lunes Bonadío había desautorizado al titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, y antes había ordenado la detención del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, una resolución anulada por la Cámara Federal.