Procurador reclama por instrucción arbitraria de casos

Esteban Righi

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, pidió a los fiscales de todo el país que informen sobre casos en los que los jueces hayan delegado investigaciones de manera arbitraria a los representantes del Ministerio Público Fiscal y así poder remitirlos a la Corte Suprema de Justicia para que establezca parámetros claros sobre estos procedimientos.

La resolución de Righi se originó a partir de una serie de presentaciones de los fiscales federales Federico Delgado y Germán Moldes, quienes se quejaron ante el procurador por el hecho de que ciertos magistrados delegaban de manera discrecional la instrucción de las pesquisas. Entre los usos arbitrarios que señalaron se destacan la delegación sin razones que lo justifiquen o por razones incorrectas; una forma de represalia por una apelación del fiscal no querida, y la toma de esta decisión una vez que la investigación está avanzada o la revocación de ésta sin argumentos razonables.

Estos usos no sólo afectan el desarrollo ágil de las pesquisas y la organización de los recursos humanos en las fiscalías, sino que también podrían afectar el desempeño de los fiscales, quienes dependen de la decisión individual de cada juez para desarrollar una instrucción. De hecho, en la resolución el procurador destaca que estas prácticas generan un problema central que consiste en que «quien asume la investigación al iniciarse el proceso lo hace sabiendo que es posible que ella termine a cargo de otro» y, en consecuencia, el peso de los aciertos y errores de quien lleva adelante la pesquisa «no recae enteramente sobre sus espaldas».

Según se desprende del escrito, estos problemas derivan de la amplitud del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, que da a los magistrados la facultad de delegar la instrucción de una causa. Esta disposición está acotada por el artículo 180 del mismo código, donde se establece que los jueces sólo pueden encargar la investigación a los fiscales en su inicio y luego deben abstenerse de reasumirla. Pero el problema, como destaca Righi, es que la norma depende de la interpretación judicial que se haga de estas reglas procesales.

En este sentido, el procurador también resalta que las cámaras de apelación han adoptado diferentes posturas frente a este conflicto, ya sea haciendo lugar a los planteos de los fiscales o ignorándolos. La Corte Suprema tampoco ha colaborado demasiado en resolverlo, ya que, como recuerda la resolución, ésta «se ha referido a la cuestión sólo marginalmente» señalando que la facultad del juez según el artículo 196 es discrecional y que no corresponde a los tribunales de alzada revisar estas determinaciones.

En este punto, Righi recuerda que el Código establece una «asimetría» en la atribución para decidir quién investiga los procesos en favor de los jueces y plantea que, como el artículo 196 no permite que los fiscales rechacen la delegación, los jueces «están obligados a asumir los costos» de la administración de justicia si las fiscalías no tienen recursos suficientes. Recuerda además que el Ministerio Público Fiscal cuenta con una quinta parte de los recursos humanos del Poder Judicial y, sin embargo, lleva el 68% de las instrucciones en lo que va de 2011.

Righi aprovechó así para recordar una vez más las tensiones que el actual Código Penal -cuya reforma está en carpeta hace años- genera entre jueces y fiscales, y le pide a la Corte que establezca reglas claras para evitar estas prácticas arbitrarias por parte del Poder Judicial.