Prometen no dar marcha atrás con la suba en tarifas de luz

Aun con el fuerte descontento que suscitó la factura de electricidad de junio-julio, el Gobierno no planea retroceder con las subas autorizadas en octubre pasado y tampoco se plantea por el momento revisar el programa de uso racional de la energía (PUREE), que penaliza a los que utilizan un 90% más de lo que gastaron en 2003.

Pero para calmar a los consumidores y evitar presuntos errores de facturación, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció ayer que se pondrá en marcha un procedimiento por el cual el usuario será informado por la distribuidora eléctrica, antes de recibir la factura de luz, si se advierte un salto de un 20% en el consumo con respecto a igual bimestre del año anterior.

Con este mecanismo, que se instrumentará a través del ente regulador (ENRE), se procurará que el consumidor reconozca el mayor consumo, ya sea por cambio de hábitos o por incorporación de un equipo de aire acondicionado, y se descarte la posibilidad de una falla en el medidor o en su lectura.

Esta decisión surgió tras el aumento en los reclamos por las facturas eléctricas del bimestre junio-julio que dio origen a la orden de realizar auditorías en las empresas eléctricas que hasta ayer no habían comenzado.

Según los datos que se manejan oficialmente, los reclamos recibidos incluyen incrementos muy grandes del consumo, que resultan, a primera vista, injustificables. De Vido reseñó que en las tres distribuidoras de jurisdicción nacional -Edenor, Ede-sur y Edelap- hay 4.483.000 usuarios residenciales, de los cuales 529.000 consumen más de 1.000 kilovatios por bimestre, y de éstos 75.000 están exceptuados.

Involucrados

Quedaría así un universo de 460.000 hogares alcanzados por los aumentos, y se presentaron 43.279 reclamos, lo que implica el 9,4% de los afectados, cifra que para el Gobierno indicaría la posibilidad de un error. Por otra parte, sobre el total de usuarios a los que corresponde el aumento en cada distribuidora, Edenor tiene un 11% de reclamos, y Ede-sur y Edelap, un 5%.

Un dato que también se advirtió es que los usuarios alcanzados son más en el área de Edenor que en la de Edesur, lo que se explicaría por mayor estándar de consumo en la zona de concesión de la primera. Edenor tendría más de 300.000 clientes alcanzados y Edesur, menos de 200.000.

La cantidad de reclamos y la decisión de parar la facturación hasta que se terminen las auditorías no pondrían en duda sin embargo la continuidad de los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde noviembre del año pasado.

En agosto se autorizó en Capital Federal y en Gran Buenos Aires una suba progresiva según el consumo, del 10% al 27% para los hogares con un gasto bimestral de luz superior a 650 kilovatios. En octubre, en tanto, se autorizó un ajuste de un 150% a un 400% en los hogares de todo el país, con un consumo superior a 1.000 kilovatios.

Este último aumento se destina a Cammesa, la empresa mixta controlada por el Ministerio de Planificación que paga a las generadoras eléctricas el precio de la energía. Al anunciar el aumento, De Vido dijo que se reducirían los subsidios a la energía en alrededor de $ 1.000 millones anuales sobre un total de $ 7.000 a $ 8.000 millones que el Estado debe destinar a Cammesa para cubrir el desequilibrio entre el precio que paga a las generadoras y el que pagan los usuarios en sus facturas.

Según los datos oficiales, los usuarios que consumen entre 1.001 y 1.400 megavatios tuvieron una reducción del 25% en el subsidio; para los que utilizan entre 1.400 y 2.800, la quita llega al 50%; mientras que los que gastan más de 2.801 megavatios ya no tienen subvención en el precio de la energía dentro de sus facturas.

El ajuste para Cammesa está frenado por una medida cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sin que hasta ahora se haya avanzado sobre la legitimidad de la medida del Ejecutivo que fue cuestionada en enero por la Defensoría del Pueblo de la Nación.