¿Puede subir aún más el costo del crédito?

El contexto de escasez de recursos que están atravesando las provincias argentinas las está llevando a intentar obtener financiamiento adicional, sin evaluar en algunos casos los efectos negativos que estas decisiones pueden tener sobre la dinámica económica, justo en un momento en que se requiere un impulso positivo.

Actualmente, se está discutiendo en algunas jurisdicciones la posibilidad de incrementar el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) sobre la actividad financiera, continuando con un proceso que ya se había iniciado a mediados de 2008. En efecto, algunas de las jurisdicciones más grandes del país ya aumentaron las alícuotas aplicadas sobre las instituciones bancarias durante el último año, a lo que se sumó también una ampliación de la base imponible a través de la eliminación de ciertas deducciones que antes se podían hacer.

El monto de impuestos por pagar creció tanto por la vía de las alícuotas como de la base imponible. Entre los aumentos de los porcentajes cobrados al sector bancario durante el último año se destacan los siguientes: 

Provincia de Buenos Aires, del 5,5% al 6%, ampliando a su vez la base imponible.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), del 4% al 5%.

Córdoba, del 2,5% al 3,5%, ampliando la base imponible.

Misiones, del 4,1% al 5,5%, ampliando también la base.

Tucumán, del 5% al 5,5%, ampliando la base.

Con estos aumentos, que terminan repercutiendo en el demandante del servicio, continuó acentuándose la diferencia entre la carga tributaria legal provincial soportada por el sector financiero (considerando dentro de éste a los bancos y a las compañías de seguros) y la del resto de las actividades económicas. De hecho, al compararlas, se advierte que la del primero es la más elevada. Equivale a 5,4 veces de carga sobre la actividad primaria y a 3,5 veces de la correspondiente a la actividad de la construcción e industria. Además, en algunas jurisdicciones esta diferencia es aún mayor.

Por cuestiones de eficiencia económica, podría considerarse justificable una concentración de la carga tributaria en los últimos eslabones del proceso económico, dadas las características que tiene el IIBB. Pero al tratarse de un servicio clave como el crédito, el hecho de no poder tomar el incremento como crédito fiscal implica para las empresas un encarecimiento de la tasa de interés y, para el sector financiero, un mayor incentivo a las actividades no formales. Una mayor tasa de interés activa desalienta la toma de financiamiento y, consecuentemente, el crecimiento y desarrollo de todas las actividades económicas.

Resulta esencial que en la discusión actual de búsqueda de recursos extras prime la lógica de minimizar el impacto sobre la eficiencia con que se asignan los recursos. Una vez más, el debate sobre las finanzas públicas pareciera concentrarse solamente por el lado de la suba de impuestos, ignorando cuestiones tanto de eficacia como de eficiencia del gasto público. Pero la cuestión no termina en las provincias, sino que hay que seguir profundizando y llegar a las cuestiones de fondo, que tienen que ver con un esquema integral de generación y distribución de recursos acorde con un país que pueda crecer sostenidamente.

(*) Presidente del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF).