Qué argumentaron los fondos buitre y cómo afectará el resultado final

Thomas Griesa

Los fondos especulativos demandantes liderados por Elliot ratificaron que pretenden cobrar el 100% del capital e intereses devengados desde el default de 2001 y que suman aproximadamente u$s 1.400 millones de acuerdo con los fallos de primera instancia del juez Thomas Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones en su sentencia del 26 de octubre. Particularmente presentaron dos escritos, uno relativo a la fórmula de pago y cuánto y cómo pretenden cobrar. Este escrito fue liderado legalmente por Elliot. Y otro, liderado por el fondo Aurelius, relacionado con la aplicación de la medida cautelar sobre el Bank of New York. En este artículo y por cuestiones de espacio, nos referiremos al escrito sobre las principales pretensiones, el firmado por Elliot. En otra oportunidad analizaremos el escrito relacionado con el Bank of New York, el mecanismo de pago y cómo ello podría afectar el procedimiento de pago de los bonos performing.

En el escrito de Elliot se hace un repaso de dichas sentencias y expresan nuevas consideraciones en rechazo de las posturas del Gobierno de la Argentina y de sus amicus, presentadas en las últimas semanas. Siguen con sus consideraciones sobre el incumplimiento de la Argentina y argumentan que el Gobierno intenta «relitigar» aspectos que, a su entender, ya son «cosa juzgada» y que no parte de los asuntos bajo el presente proceso judicial. Especifican que sólo están en litigio en este proceso los dos aspectos sobre los cuales la Cámara de Apelaciones le pidió mayores precisiones a Griesa, es decir: la determinación de la fórmula de pago en relación con su resolución sobre la violación de la cláusula pari passu y la extensión de la medida cautelar sobre los pagos que haga la Argentina a los bonos canjeados sobre el Bank of New York y otros agentes participantes en la cadena del mecanismo de pagos.

Violación de pari passu

En primer lugar, citan a la Cámara, que en su fallo dijo que «la Argentina ha incumplido sus obligaciones porque ha puesto sus obligaciones de pago de unos acreedores por debajo de las de otros». Éste es el efecto de la denominada «ley cerrojo», que implicaría una violación de la interpretación tradicional de la cláusula pari passu. Pero, además, la Cámara de Apelaciones también utiliza un argumento nuevo, que es que las dos deudas deben pagarse cuando vencen, es decir, lo que se conoce como pari passu amplia. Entonces, usan ambas interpretaciones para penalizar al país.

Fórmula de pago

Con respecto a la fórmula de pago, citan el fallo de Griesa del 21 de noviembre en el cual se determinó el pago del 100% en una única oportunidad y ratifican que ése es el criterio que debería predominar. «Para el juzgado de Griesa -quien interpretó la fórmula de pago en su fallo del 21 de noviembre-, el pago del 1% escalonado sobre 100 es una decisión radical contraria al pago igualitario», dice el escrito. De las lecturas hechas por la Cámara en su fallo del 26 de octubre (pago del 100% en un pago o en varios), Griesa y los demandantes consideran que debe aplicarse la primera de ellas. Pero, además, el escrito dice que en este punto, la determinación de la fórmula de pago, la Argentina no presentó ninguna propuesta. «En cambio, intentó rediscutir la existencia del remedio de igualdad de tratamiento en el pago ya resuelto por el tribunal de segunda instancia», alegan.

Canjes voluntarios

Entre los aspectos que piden que se rechace se encuentra la mención al canje efectuada por el Gobierno, ya que «ello impondría una quita obligatoria a los tenedores que los rechazaron. Esto no sería una clarificación de la fórmula de pago, sino una reversión del pago igualitario que ordena la sentencia, porque los términos y condiciones de los bonos no incluyen cláusulas de acción colectiva (bajo las cuales los tenedores que no entren a los canjes deben aceptar la decisión de la mayoría). La Argentina no tiene el derecho de forzar a los tenedores a aceptar una reestructuración».

Ausencia de injusticia

También el escrito dice que no hay injusticia en que unos acreedores cobren más que otros. «Los tenedores de los bonos canjeados sabían de la existencia de estos litigios y que bajo éstos podían cobrar la totalidad del reclamo e incluso embargar los pagos destinados a ellos. Esto fue escrito en el prospecto de los canjes». Por ello consideran que al aceptarse el canje hay dos deudas distintas, unas con quitas y las otras sin quitas, con montos diferentes que la Argentina debe repagar.

Reservas del Banco Central

Los fondos demandantes también ratifican que la Argentina tiene reservas suficientes para afrontar la sentencia. Además, escriben: «Es difícil de creer que con más de 40 millones de dólares de reserva, aun la Argentina arriesgaría un segundo default en menos de 11 años y la aceleración de bonos por billones de dólares para evitar pagar un monto de u$s 1.400 millones. Entonces, si la Argentina elige este camino, es su responsabilidad el daño que se les hará a los tenedores de bonos canjeados».

«Cómo la Cámara de Apelaciones ya lo dicho, el mercado de deuda soberana ha incluido cláusulas de acción colectiva en la vasta mayoría de sus bonos emitidos bajo las leyes de Nueva York, las que eliminan efectivamente la posibilidad de hold-out litigation», dice el escrito en relación con este punto. También alegan que la estabilidad y credibilidad de Nueva York depende del cumplimiento de los términos y condiciones de los bonos emitidos en dicha plaza. Frente a esto, la Argentina -dice el escrito-, un país soberano, podría reestructurar una parte de su deuda y luego repudiar el resto.

Juicios por tenedores del canje

Elliot también se refiere al argumento de que si la Argentina paga las sentencias, los tenedores de bonos canjeados demandarían exigiendo las mismas condiciones. Alegan que este argumento «es una hipérbola sin fundamento».

(*) Estudio Garrido