"Los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del expresidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003", sostuvieron los fiscales, cuyo pedido había sido adelantado por medios de comunicación antes de la feria judicial. Recordaron que Báez -antes de la llegada del kirchnerismo al poder- era monotributista y ganaba $3000 por mes, previo al proceso en el que se constituyó Austral Construcciones, la primera de las cuatro etapas que describieron. La segunda habría sido la designación de funcionarios en áreas clave que acompañaron al matrimonio desde su paso por Santa Cruz como Julio De Vido, como ministro de Planificación Federal; José López, secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, en la Dirección Nacional de Vialidad; y a Carlos Santiago Kirchner (primo del exmandatario) en la Subsecretaria de Coordinación de Obra Pública.
Luego -según la acusación de los fiscales- le siguió la concentración económica de las obras públicas en Santa Cruz, ya que se le concedió el 11,2 % del presupuesto entre 2003 y 2015, lo que equivale a los fondos que recibieron en total por el mismo concepto otras ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones. A eso le sumaron que el 80% de la obra pública santacruceña le fue asignada a Báez con un "canal preferente de pago" a diferencia de otras empresas así como "ausencia total" de control sobre los trabajos otorgados. "Los funcionarios públicos que ejercieron los diferentes cargos en este ministerio, lejos de cumplir con las funciones y objetivos que les habían sido asignados, omitieron de manera sistemática y constante sus obligaciones, colaborando de este modo para que la maniobra ideada desde la Presidencia de la Nación pudiera materializarse de acuerdo a lo planeado", argumentaron los fiscales.
Sostuvieron que de 49 obras, sólo se entregaron 3 en tiempo y forma y que el resto se demoró o quedó inconcluso. Al matrimonio presidencial le achacaron la "decisión política" de que esas obras quedaran bajo el control del ahora detenido empresario por un monto de $16.000 millones. Esto lo vincularon con la relación "personal" existente entre los Kirchner y Báez y a la relación comercial que unió Hotesur con las firmas Valle Mitre (Báez), a través de la cual se alquilaron habitaciones en los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Aldea del Chaltén "que le reportó a la familia presidencial ingresos millonarios". Entre 2008 y 2013 la fiscalía mencionó que Báez pagó en canon por el alquiler de Alto Calafate la suma de u$s 4 millones y $12 millones.
Por ello, la fiscalía sostuvo que el direccionamiento de obra pública generó que Austral Construcciones pasara de tener un capital social de $12 mil en 2003 a unos $1700 millones anuales y un patrimonio neto de $300 millones. Los fiscales pidieron que en calidad de "coautores" del fraude se indague a los exsubsecretarios de obras públicas Graciela Oporto, Raúl Rodríguez; Hugo Rodríguez, y Abel Fatala; así como del empresario Báez y su hijo Martín, entre otros exfuncionarios santacruceños y de Vialidad Nacional.
| Gabriel Morini |
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