Radicales no quieren revisión previa de avisos de campaña

• La UCR analiza presentarse a la Justicia contra artículos de la reforma política

Gerardo Morales, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra

El radicalismo arrancará junio con dos definiciones clave. El 1 habrá una cumbre en el Comité Nacional para definir no sólo la marcha de la campaña, sino también la marcha del cronograma electoral a la luz de los problemas que, consideran, les está trayendo la reforma política.

Ese día deberán decidir si impugnan en la Justicia algunos puntos, como el manejo del monopolio estatal de la publicidad de campaña en radios y televisión, y el mecanismo de reconocimiento de listas de adhesión en las provincias. Poco después, el 10 de junio, la Convención Nacional de la UCR definirá el marco de alianzas con las que el partido irá a la elección nacional. Desde ese momento en adelante ya quedará posibilidad de hacer algún otro cambio en la estrategia.

Los radicales ya pasearon por juzgados electorales en las provincias reclamando la opinión por un punto de la reforma política que los inquieta: el mecanismo para que un candidato presidencial autorice el uso de la sábana a las alianzas del interior. El jujeño Gerardo Morales, Ricardo Gil Lavedra y el propio Ricardo Alfonsín atienden diariamente las dudas judiciales que se plantean.

Algunos jueces sostienen, para intranquilidad de los partidos, que hasta podría exigirse que fueran en boleta separada. Esto es porque el artículo 15 de la reforma establece que las listas de adhesión deben presentarse junto con las alianzas, y eso, según los apoderados de la UCR, es imposible ya que en el momento de consagrar esas alianzas, las listas aún no están terminadas.

Los apoderados radicales, con Mariano Genovesi a la cabeza, ya iniciaron una gira por el interior para bajar instrucciones a los comités locales.

La semana pasada concentraron a las provincias del norte en Resistencia y ya comenzaron a despachar los instructivos para un proceso que se complica día a día por las diferencias de interpretación entre la Justicia electoral, el Gobierno y los partidos.

Mientras la Justicia apura el cronograma legal para las elecciones, los partidos aún no terminan de definir esos conflictos. El radicalismo, además, recurrirá a la Justicia por algunos puntos de la reforma política como parte del esquema de publicidad de campaña en radio y televisión que distribuirá sólo el Estado: cuestionarán que se obligue a presentar ante el organismo que reemplazó al COMFER los spot de campaña con 3 o 4 días de anticipación a la emisión. Alegan que de esa forma el Gobierno tendrá información por adelantado de las estrategias de campaña de la oposición.

Indefinición

La UCR no definió aún si aceptará las reglas que impuso el Gobierno en la reforma política para el manejo de la publicidad y los espacios de campaña en los medios o recurrirá a la Justicia. La decisión comenzará a debatirse el 1 de junio, en la reunión de la mesa directiva del Comité Nacional. Allí los apoderados del partido presentarán las formalidades que estableció el decreto reglamentario de la reforma y que consideran imposible cumplir.

En el caso del manejo de los fondos electorales, todos los partidos están volando a ciegas: aún no se conoce el valor del módulo electoral ya que no fue fijado en el Presupuesto 2010 que rige a través de una reconducción para 2011, y tampoco el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso donde se exprese el monto por voto obtenido en la última elección que el Estado debe pagar a los partidos para financiar la campaña.

Si los radicales deciden impugnar algunos de esos artículos de la reforma, judicializarán la elección a pocas semanas de haber comenzado el cronograma electoral, pero no estarán solos en la presentación ante la Justicia.